La ONG Save the Children ha hecho público que un centro de salud que apoyaba y una de sus oficinas en el estado sursudanés de Jonglei han quedado destruidos y saqueados, y esta última además incendiada. Estos hechos se producen pocos días después de que Médicos Sin Fronteras (MSF) acusara al Ejército de haber arrasado su hospital en Lankien mediante un bombardeo en el contexto de los combates con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).
Save the Children explicó en un comunicado que “bandas armadas” llevaron a cabo los ataques en Walgak, en el este de Jonglei, una zona donde el repunte de la violencia ha provocado más de 235.000 desplazados en el último mes. La organización ha anunciado la suspensión de sus actividades en Walgak y en el condado de Akobo y la retirada de sus 30 empleados, lo que implica el cese de servicios básicos para cientos de familias.
Los últimos incidentes se producen después de la incautación, la semana anterior, de cuatro vehículos de la ONG, aunque no se han registrado víctimas entre el personal humanitario ni entre la población local.
“No hemos tenido más opción que suspender de forma indefinida nuestras operaciones en Walgak tras los repetidos ataques, pese al impacto que esto tendrá en muchas familias y niños que dependen de nosotros para los servicios esenciales”, declaró el director de Save the Children en Sudán del Sur, Chris Nyamandi.
Nyamandi subrayó que “cuando las instalaciones de ayuda son atacadas son los civiles, especialmente los niños, los que sufren las consecuencias. Estas acciones son inaceptables y deben parar”, antes de recalcar que “los bienes humanitarios deben ser protegidos”. “Los ataques contra las organizaciones de ayuda solo ahondan el sufrimiento de unas comunidades ya vulnerables”, añadió.
Ante esta situación, la organización ha reclamado a todos los actores implicados en el conflicto que pongan fin a este tipo de agresiones, respeten el Derecho Internacional Humanitario y cumplan con sus obligaciones de protección de la población civil y del personal humanitario. Asimismo, ha instado a garantizar un acceso seguro, continuado y sin trabas para la distribución de ayuda a quienes se han visto afectados por la violencia.
MSF denunció el miércoles un bombardeo del Ejército de Sudán del Sur contra su hospital en Lankien, en el que uno de sus trabajadores resultó herido leve y quedó destruido su principal almacén junto con los “suministros críticos” que guardaba. En un segundo episodio, una de sus instalaciones sanitarias en Pieri, también en Jonglei, fue saqueada poco antes por asaltantes no identificados.
En paralelo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el martes de que más de 450.000 menores podrían sufrir desnutrición aguda debido al desplazamiento masivo de población y a la interrupción de los servicios de salud y nutrición provocada por la escalada del conflicto en Jonglei.
El jefe del Ejército sursudanés, Paul Nang Majok, afirmó el martes que las fuerzas gubernamentales habían “aplastado” al SPLM-IO y a la milicia White Army (Ejército Blanco) —aliada de este grupo— en Pieri Payam, en Jonglei, un área que describió como “el corazón de la insurgencia”, según informó la emisora local Radio Tamazuj.
El Ejército anunció a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO —liderado por el exdirigente rebelde y exvicepresidente Riek Machar— y emitió una orden de evacuación en tres condados para la salida de civiles, los cascos azules de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y el personal de las organizaciones humanitarias.
La guerra volvió a intensificarse en febrero de 2025, cuando White Army lanzó una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía, y llegó a tomar temporalmente la ciudad. A raíz de ello, las autoridades colocaron a Machar bajo arresto domiciliario, acusándole de conspirar contra la seguridad del Estado, algo que el SPLM-IO denunció como una violación del acuerdo de paz de 2018.
Este deterioro de la seguridad desencadenó nuevos enfrentamientos en otras regiones del país, agravando una crisis que se produce después de que el presidente, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para prolongar dos años más el periodo de transición. La decisión fue cuestionada por la comunidad internacional, que instó a Yuba a avanzar en la plena implementación del pacto de paz de 2018, recordando que siguen pendientes compromisos clave, entre ellos la celebración de elecciones.