La Cámara Alta estadounidense aprueba una resolución para limitar la capacidad de Donald Trump de ordenar acciones militares contra Venezuela sin autorización legislativa. El Senado de Estados Unidos ha dado un paso político de alto calado que ha prosperado con 52 votos a favor y 47 en contra. La votación, ajustada y con respaldo de un grupo de senadores republicanos junto a los demócratas, busca reafirmar el papel constitucional del Legislativo en decisiones de guerra.
La iniciativa se ampara en la War Powers Resolution, la ley aprobada tras la guerra de Vietnam para evitar que la Casa Blanca pueda implicar de forma prolongada a Estados Unidos en conflictos armados sin control parlamentario. El texto obliga al presidente a obtener el aval del Congreso para cualquier acción militar sostenida que no responda a una amenaza inmediata.
Reacción a las operaciones en Venezuela
La resolución llega tras la reciente operación ordenada por la Administración Trump en territorio venezolano, que desató inquietud en el Capitolio por haberse ejecutado sin una autorización específica del Congreso. Aunque la Casa Blanca ha defendido que Trump actuó dentro de sus competencias como comandante en jefe, varios senadores han cuestionado que esas acciones puedan ampararse en autorizaciones previas o en la lucha contra amenazas indirectas.
El impulsor principal de la iniciativa, el senador demócrata Tim Kaine, ha defendido que la Constitución reserva al Congreso la potestad de declarar la guerra y que el presidente no puede iniciar o escalar un conflicto sin ese respaldo, salvo en situaciones de emergencia claramente delimitadas.
Un límite político más que inmediato
Desde el punto de vista jurídico, la resolución no bloquea automáticamente cualquier acción militar, pero envía una señal política contundente a la Casa Blanca. Para convertirse en ley con efectos plenos, el texto debería ser aprobado también por la Cámara de Representantes y superar un eventual veto presidencial.
Más allá de su recorrido legislativo, la votación reactiva el debate sobre los límites del poder presidencial en política exterior y envía un mensaje tanto al Ejecutivo como a la comunidad internacional: el Congreso reclama su papel en cualquier decisión que pueda derivar en un conflicto armado abierto.
En el caso venezolano, la resolución añade presión política a una estrategia que ya estaba bajo escrutinio por sus implicaciones diplomáticas y por el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a una confrontación de consecuencias imprevisibles en la región.