QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El senador Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en el litigio contra el expresidente Álvaro Uribe, ha expresado su descontento con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó este martes liberar al político conservador, anteriormente sentenciado a doce años de arresto domiciliario. Cepeda mencionó que existen ‘presiones’ de Uribe hacia el sistema judicial.
‘Nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, más no la compartimos’, declaró Cepeda desde el Congreso, agregando que emprenderá ‘acciones (…) pero con toda la calma y la serenidad respetamos esta decisión’.
Asimismo, Cepeda aseguró tener ‘la plena certeza de que el condenado expresidente Álvaro Uribe viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra’. Lamentó la anulación de la medida de arresto domiciliario que, según él, buscaba ‘protegernos de ese tipo de acciones’.
Además, recalcó que la decisión del tribunal, que suspendió la privación de libertad de Uribe ‘hasta’ que se resuelva el recurso contra la sentencia de primera instancia, ‘no significa la inocencia del expresidente Uribe, ni que se hayan desvanecido los cargos’. ‘El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia’, añadió.
El Tribunal justificó su resolución argumentando que se debe priorizar la presunción de inocencia del acusado y cuestionó las motivaciones de la magistrada Sandra Heredia al dictar el arresto domiciliario, calificando estos fundamentos de ‘vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social’.
Además de la anulación de la prisión domiciliaria, Uribe enfrenta una inhabilitación de más de ocho años y una multa superior a 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (aproximadamente 720.700 euros). La jueza señala que Uribe, de 73 años y quien niega los hechos, habría instigado a intermediarios para influir en testigos en prisión con el fin de obtener testimonios favorables. Según investigaciones, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a exparamilitares para alterar su versión sobre los supuestos lazos de Uribe y su hermano Santiago con el paramilitarismo.
El caso inició en 2012, cuando Uribe acusó a Cepeda de buscar falsos testimonios en prisiones sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, evidencias posteriores indicaron que los abogados de Uribe buscaban manipular testigos para inculpar a Cepeda, quien pasó de acusador a víctima, mientras que Uribe pasó de demandante a investigado.
