El senador Kelly enfrenta un posible consejo de guerra tras instar a ignorar órdenes ilegales

Este lunes, el Departamento de Defensa de EE.UU. ha iniciado un procedimiento contra el senador Mark Kelly por recomendar la desobediencia a órdenes ilegales durante los ataques a navíos de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Esta investigación podría llevar a un consejo de guerra.

El Pentágono ha revelado haber recibido ‘graves acusaciones de conducta inadecuada’ y ha comenzado una ‘revisión minuciosa’ de un vídeo en el que Kelly, junto a Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, instaba a los militares a ‘rechazar órdenes ilegales’.

‘Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (…). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco’, afirmaron en el vídeo.

El denominado Departamento de Guerra bajo la Administración Trump ha comenzado un procedimiento para ‘decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas’, según un comunicado del organismo en redes sociales.

‘Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (…). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento’, señaló el comunicado.

Después de la difusión del vídeo, el presidente Trump calificó a Kelly y a los congresistas presentes en el vídeo de ‘traidores’ y los acusó de ‘comportamiento sedicioso punible con la muerte’. Desde entonces, los congresistas han reportado recibir amenazas ‘perturbadoras’.

Kelly, quien se retiró de la Armada de EE.UU. con el rango de capitán y sirvió en el golfo Pérsico, podría ser sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar si es llamado a filas como reservista.

Recientemente, al menos 83 personas han perdido la vida en ataques de EE.UU. contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, hechos que han sido condenados por la ONU y organizaciones de derechos humanos por considerarlos ejecuciones extrajudiciales.