En los últimos días, se ha informado de la muerte de al menos siete personas en Togo, durante las manifestaciones contra el gobierno. El ejecutivo ha atribuido estas muertes a «ahogamientos», eximiendo de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y ha criticado «una campaña de desinformación e incitación al odio» en relación con las protestas.
Según testimonios recogidos por el medio local Ici Lomé, se reportó que varias de las víctimas fueron abatidas a tiros, mientras que imágenes en redes sociales muestran signos de violencia en los cuerpos, lo que ha llevado a solicitudes de investigaciones sobre estos eventos.
Por otra parte, el Gobierno togolés ha acusado que «desde hace semanas, diversos individuos, la mayoría residenciados fuera del país, han lanzado en redes sociales y algunos medios una campaña de desinformación e incitación al odio, la violencia, la falta de civismo y la desobediencia civil, en flagrante violación de las leyes de la República de Togo».
El gobierno señaló que estas personas habrían «difundido informaciones e imágenes falsas, quizá generadas por Inteligencia Artificial o importadas de contextos que no tienen relación con Togo» con el fin de «causar problemas, perturbar la vida socioeconómica del país y desestablilizar a las instituciones establecidas».
Además, indicó que a pesar de la propagación de estas informaciones, la población se ha mantenido tranquila y responsable, lo que no impidió que entre el 26 y el 28 de junio se llevaran a cabo protestas en Lomé, que resultaron en «actos de vandalismo, destrucción de bienes públicos y privados y problemas de orden público», de acuerdo con lo reportado por la agencia estatal de noticias, ATOP.
«Gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, con la colaboración de las autoridades locales y de la población, estas acciones fueron rápidamente contenidas y la situación fue controlada con eficacia y profesionalidad», afirmó el Gobierno antes de destacar que se detuvo a «muchas personas», incluidos varios «extranjeros que entraron ilegalmente en territorio togolés».
Asimismo, se informó que se recuperaron varios cuerpos en un lago en Akodesséwa y en la laguna de Bè, insistiendo en que todas las víctimas murieron «ahogadas» y pidiendo «prudencia» en las zonas inundables, «especialmente en esta época lluviosa», desligando así estas muertes de las manifestaciones en Lomé.
«El Gobierno condena con firmeza los actos de desestabilización y violencia que buscan generar atentados graves contra la tranquilidad y el orden público, propagar la violencia en todas las formas y poner en duda el orden constitucional», concluyó, alabando la «profesionalidad» de las fuerzas de seguridad y prometiendo actuar para «preservar un clima de paz, estabilidad y cohesión social».
LA OPOSICIÓN DENUNCIA «VIOLENCIAS SALVAJES»
La oposición, representada por las Fuerzas Democráticas para la República (FDR), ha alertado sobre «la inquietante evolución de la situación sociopolítica» en Togo y ha denunciado «violencias salvajes, bárbaras e ignominiosas por parte de las fuerzas de defensa y seguridad contra manifestantes desarmados» que «expresaban pacíficamente su oposición» al cambio «ilegal» de la Constitución por parte del presidente togolés, Faure Gnassingbé.
El FDR también confirmó el hallazgo de al menos dos cuerpos en un lago en Anfamé y otros dos en la laguna de Bé, y reportó a otra persona como desaparecida «tras saltar a la laguna para escapar de la represión», antes de acusar a Gnassingbé de «utilizar los asesinatos, los arrestos arbitrarios, la intimidación y la manipulación para mantenerse en el poder».
Por lo tanto, han exigido la liberación de los detenidos y la apertura de una investigación «independiente» para que los responsables de estos hechos rindan cuentas, manteniendo una «movilización» para alcanzar un «futuro más prometedor» para el país.
Las protestas se organizaron en respuesta a la detención de opositores, el incremento en los precios de la electricidad y una reforma constitucional que permitirá al presidente extender su mandato. Esta reforma aumenta el período presidencial de cinco a seis años, con un límite de dos mandatos, y crea un nuevo cargo ejecutivo, el de presidente del Consejo de Ministros, promovido por la Unión para la República (UNIR) como un avance hacia la democratización de Togo.