Siria se prepara para celebrar este domingo sus primeras elecciones parlamentarias tras la destitución en diciembre de 2024 de Bashar al Assad, a raíz de un ataque sorpresa de yihadistas y rebeldes liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Este proceso electoral no será de voto directo, ya que dos tercios de los miembros del nuevo Parlamento serán seleccionados por comités electorales establecidos por distritos electorales, mientras que el tercio restante será nombrado directamente por el presidente de transición, Ahmed al Shara.
Estas elecciones, que tendrán lugar en un contexto de búsqueda de respaldo internacional por parte del liderazgo de transición de Al Shara, no representarán un ejercicio plenamente democrático debido a la influencia del presidente en el proceso electoral y a la incertidumbre sobre la autonomía de los mencionados comités. La votación simboliza el inicio de un nuevo curso tras el derrocamiento de Al Assad y dará paso a la formación de una Asamblea Nacional de 210 escaños, basada en los censos del régimen anterior, criticados por su posible inexactitud y los problemas derivados del alto número de refugiados y desplazados por más de una década de conflicto armado.
Ante estos retos, las autoridades de transición han asegurado que garantizarán una representación amplia y permitirán la presencia de observadores internacionales, aunque han advertido que los candidatos que sean vistos como seguidores de Al Assad o de «organizaciones terroristas» serán excluidos de las listas. Esta ambigüedad ha generado preocupaciones de que pueda ser empleada para favorecer a individuos cercanos al nuevo gobierno.
El Comité Supremo de Elecciones, también creado por el Gobierno de transición, ha confirmado que las elecciones se llevarán a cabo finalmente en las provincias de Raqqa y Hasaka, controladas en parte por la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AANES), luego de haber sido excluidas inicialmente por cuestiones de seguridad.
DUDAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE MUJERES Y MINORÍAS
El ente electoral ha establecido además una cuota del 20 por ciento para la representación femenina en los comités, aunque no está claro si esto se reflejará en la composición del Parlamento. Existe escepticismo sobre el nivel de representación de mujeres y minorías, lo que pone presión sobre Al Shara para usar su poder de nombramiento de un tercio de los escaños para intentar equilibrar la situación y fomentar la estabilidad política.
Desde la disolución de la Asamblea Popular anterior y la creación de un legislativo interino según una Carta de Transición, se han convocado estas elecciones con el fin de estabilizar la situación política, incluyendo la aprobación en marzo de una nueva Constitución interina conocida como Declaración Constitucional.
En los últimos diez meses, la administración interina ha trabajado para disipar las dudas sobre su compromiso democrático, especialmente por el pasado yihadista de muchos de sus altos cargos, centrándose en el trato a mujeres y minorías religiosas y étnicas de un país sumido en una severa crisis humanitaria debido a la guerra y al impacto de las sanciones internacionales contra Damasco.
Uno de los principales objetivos ha sido establecer lazos con la comunidad internacional para lograr un reconocimiento formal y la eliminación de las sanciones mencionadas, pasos esenciales para iniciar un proceso de reconstrucción y firmar acuerdos comerciales que reactiven la economía siria. Sin embargo, las tensiones internas continúan siendo evidentes y la violencia sigue siendo una constante en el día a día del país.
Al Shara aprovechó su reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para solicitar la retirada de todas las sanciones y destacar que el derrocamiento de Al Assad representa «una oportunidad histórica para la paz, la estabilidad y la prosperidad para el país y la región en su conjunto», prometiendo además investigar los abusos y violaciones de los Derechos Humanos en Siria.
REPUNTE DE LA VIOLENCIA
Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, más de 3.900 civiles han sido asesinados en Siria desde la caída de Al Assad, con un «peligroso aumento de las masacres y los asesinatos étnicos y sectarios en varias provincias» desde el 8 de diciembre de 2024, cuando yihadistas y rebeldes tomaron Damasco tras la fuga del presidente hacia Rusia.
La inseguridad y la violencia, especialmente en áreas de mayoría drusa, así como la expansión de tropas israelíes más allá de las zonas ocupadas previamente en los Altos del Golán, representan importantes desafíos para Al Shara, quien ha intentado sin éxito resolver las tensiones con las autoridades kurdas. A pesar de que se firmó un principio de acuerdo entre las partes, este no se ha implementado hasta ahora.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), vinculadas a la AANES, han denunciado repetidamente que grupos rebeldes apoyados por Turquía y alineados con Damasco han atacado las áreas bajo su control. Han solicitado la materialización de un acuerdo de paz que ponga fin a los combates y coloque la democratización y estabilización del país como prioridades en la agenda política de Siria.
Al Shara enfrenta dudas sobre las amplias competencias que posee bajo la Declaración Constitucional, con el riesgo de un Parlamento carente de poder real. El nuevo legislativo, con un mandato de 30 meses, durante el cual se esperan elecciones con votación popular real, podría enfrentar dificultades para derribar los decretos de Al Shara, ya que para ello se necesita una mayoría de dos tercios, en medio de preocupaciones sobre la creciente influencia del mandatario en la política del país.
Así, la instalación del nuevo Parlamento se percibe como más que un hito político, ya que también representa una prueba sobre el compromiso de las nuevas autoridades con un verdadero impulso al pluralismo y la implementación de reformas que, al menos en parte, cumplan con las aspiraciones de la población, manifestadas durante el levantamiento popular de 2011 en el contexto de la ‘Primavera Árabe’.