La Fiscalía de Argentina ha decidido no continuar con su petición inicial de que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner sea recluida en una cárcel para cumplir su condena de seis años, relacionada con el caso Vialidad. Sin embargo, ha propuesto que su arresto domiciliario se realice en una ubicación distinta.
En una audiencia realizada este lunes por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la participación de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, se discutió sobre las condiciones del arresto domiciliario de Fernández en su residencia en el barrio de Constitución, informó Cadena 3.
El fiscal Mario Villar ha expresado preocupaciones sobre ‘tumultos y molestias en el barrio’, en clara alusión a un reciente evento donde la expresidenta apareció en el balcón de su casa.
La defensa de Fernández ha cuestionado ciertas restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan las visitas en su domicilio solo a familiares, abogados y médicos, sin requerir autorización judicial previa. También han solicitado la retirada de la tobillera electrónica que Fernández debe llevar, argumentando que esto interfiere con su derecho a tener una vida familiar y social adecuada.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que inicialmente se opusieron a la prisión domiciliaria, consideraron que esta medida era un ‘privilegio’ y que infringía el principio de igualdad ante la ley. Señalaron que la condena por corrupción grave debería cumplirse en un establecimiento penitenciario, mencionando que no hay razones humanitarias o de salud que justifiquen la domiciliaria, aunque esta posición parece haber sido descartada ahora.
Cristina Fernández, condenada por asignar contratos de obras públicas a un socio y presunto testaferro durante su administración, ha rechazado todas las acusaciones y ha declarado que es objeto de persecución política y judicial.