La Procuraduría General de la República de Brasil describe a Jair Bolsonaro, el exmandatario del país, como ‘líder de la organización criminal’ responsable del intento de golpe de Estado en enero de 2023, tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas. La entidad judicial pide que sea declarado culpable de cinco delitos, junto a otros siete implicados en el caso.
Paulo Gonet, fiscal general, en sus argumentos conclusivos, imputa a Bolsonaro la manipulación del sistema estatal para ejecutar un esquema ‘deliberado’ que buscaba ‘atacar las instituciones públicas’ y obstruir el proceso de transición de poderes.
Según el fiscal, Bolsonaro contó con el respaldo de ciertos funcionarios y sectores clave de las Fuerzas Armadas para utilizar ‘agentes, recursos y poderes del Estado’ con el fin de ‘difundir narrativas falsas, generar desorden social y apoyar acciones autoritarias’, y además, para minar la credibilidad del sistema electoral.
Estas imputaciones son parte de los argumentos finales de la Fiscalía, que solicita al Tribunal Supremo condenar al exmandatario y los otros acusados por crímenes de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daños al patrimonio público y deterioro del patrimonio.
Además, la Procuraduría critica la actuación de Mauro Cid, antiguo colaborador de Bolsonaro, quien a pesar de su cooperación con la justicia, ‘omitió información relevante’ y ‘se resistió al pleno cumplimiento de las obligaciones acordadas’. A pesar de ello, recomienda una reducción de un tercio de la sentencia por su contribución parcial.
El caso, presidido por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, se encuentra en su etapa decisiva. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría recibir una pena superior a los 40 años de cárcel y ser inhabilitado permanentemente para ejercer cargos públicos.
En el complot también están implicados figuras como el exministro de Defensa Walter Braga Netto; el exministro de Justicia Anderson Torres; el diputado y exjefe de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el anterior titular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
El Ministerio Público, que ha sustentado las acusaciones con documentos, archivos e intercambios de mensajes, ya ha emitido un informe inicial acusando a Bolsonaro de liderar el asalto de enero de 2023. Tras los argumentos finales, la defensa tendrá un periodo para presentar sus contrargumentos antes de que De Moraes establezca una fecha para el juicio.
En enero de 2023, numerosos seguidores de Bolsonaro tomaron los edificios gubernamentales en Brasilia, argumentando que la victoria de Lula da Silva fue fraudulenta.