El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica ha instado a la Asamblea Legislativa a que proceda a despojar al presidente Rodrigo Chaves de su inmunidad. Este pedido viene tras las acusaciones de un delito de beligerancia política, donde se le imputa haber usado su posición para beneficiar una candidatura próxima en los comicios de 2026, a los cuales él no podrá presentarse.
En un movimiento significativo, el TSE ha condensado en un solo archivo 15 de las 24 querellas presentadas contra Chaves, destacando la decisión unánime de su Sección Especializada el pasado 3 de octubre de solicitar al Parlamento la eliminación de la inmunidad presidencial.
“las denuncias superan la valoración de admisibilidad”, han declarado los magistrados, subrayando que cualquier acción punitiva contra el mandatario está condicionada a la anulación de la protección legal que blinda al presidente. De perderse esta protección, Chaves podría enfrentar desde una inhabilitación hasta la destitución del cargo.
Anteriormente, en septiembre, la Asamblea Legislativa había rechazado una propuesta similar que buscaba que Chaves respondiera por acusaciones de corrupción en la gestión de contratos de consultoría financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dicha propuesta no alcanzó la mayoría necesaria, quedándose con 34 votos favorables, a cuatro de los requeridos.