La guerra iniciada el 15 de abril de 2023 en Sudán por el choque interno entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), surgido en plena y frágil transición tras la caída de Omar Hasán al Bashir cuatro años antes, alcanza este miércoles su tercer aniversario, con el país sumido en una de las peores catástrofes humanitarias recientes y sin que las partes den señales de acercarse a un acuerdo negociado que ponga fin a la contienda.
El estallido del conflicto llegó después de meses de tensiones entre los hasta entonces socios al frente de las Fuerzas Armadas y las RSF, Abdelfatá al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, respectivamente. Las discrepancias giraban en torno al intento de integrar a la milicia en la estructura castrense, entre recelos por el reparto de poder e influencia.
La salida de Al Bashir se produjo mediante un golpe de Estado liderado por Al Burhan --y respaldado por Dagalo--, tras semanas de protestas por el deterioro económico y la exigencia de una transición civil. Esta tarea recayó en Abdalá Hamdok, designado primer ministro para pilotar el camino hacia unas elecciones, un periodo no obstante dominado por la injerencia militar.
Hamdok fue depuesto en un segundo golpe --de nuevo encabezado por Al Burhan y apoyado por Dagalo, entonces presidente y vicepresidente del Consejo Soberano de Transición--, aunque fue restituido poco después en un intento de contener la indignación tras la violenta represión de las protestas, circunstancia que finalmente le llevó a presentar su dimisión.
Desde entonces, el aumento del malestar social y el choque entre los dos ‘hombres fuertes’, alimentado por las sospechas sobre sus ambiciones de poder y el reparto de los beneficios derivados de los recursos, condujo a un punto de ruptura, con la población civil atrapada entre ambos bandos.
Más allá del detonante inmediato, la guerra hunde sus raíces en elementos históricos, entre ellos el papel de Dagalo, conocido como 'Hemedti', y sus RSF --creadas durante el régimen de Al Bashir a partir de las milicias 'yanyauid', implicadas desde 2003 en el conflicto de Darfur--.
Desde la independencia en 1956 --tras haber sido en la primera mitad del siglo XX un protectorado conjunto de Egipto y Reino Unido, el llamado Condominio Anglo-Egipcio, que incluía parte del este de Libia y el actual Sudán del Sur--, el país ya había sufrido dos guerras civiles, marcadas por la tensión entre el norte y el sur.
Las diferencias entre un norte mayoritariamente árabe y musulmán, considerado más desarrollado, y un sur de mayoría cristiana y animista, menos desarrollado por el desigual reparto de la riqueza, desembocaron en dos guerras civiles, incluida la librada entre 1983 y 2005, plagada de atrocidades y que culminó con la independencia de Sudán del Sur en 2011.
En ese mismo periodo estalló la guerra en Darfur, en el oeste, donde las fuerzas de Al Bashir, apoyadas por milicias árabes 'yanyauid', perpetraron un genocidio contra comunidades no árabes. El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió órdenes de arresto contra el entonces presidente y otros altos cargos por estos crímenes.
Un frente interno cada vez más devastador
Las actuales hostilidades sorprendieron a la población, atrapada en territorios dominados por uno u otro bando, mientras las RSF se hacían rápidamente con amplias zonas de Darfur y Kordofán --sus feudos tradicionales-- y con gran parte de la capital, Jartum, obligando a las autoridades a replegarse a Puerto Sudán, en la costa del mar Rojo.
Las primeras fases del conflicto estuvieron acompañadas de nuevas denuncias contra las RSF por matanzas y abusos en Darfur, entre ellos el asesinato en junio de 2023 del gobernador de Darfur Occidental, Jamis Abakar, y la masacre de más de 800 personas en noviembre de 2023 en Ardamata, con la comunidad masalit como principal objetivo de los paramilitares.
El agravamiento de la guerra, que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del planeta, y el fracaso de las conversaciones celebradas en 2023 en Arabia Saudí llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar en marzo de 2024 una resolución que reclamaba un alto el fuego inmediato. Esta iniciativa abrió la puerta a un proceso mediado por Libia y Turquía, que no prosperó debido a las exigencias del Ejército de que las RSF abandonaran previamente las zonas bajo su control.
Posteriormente, las Fuerzas Armadas recuperaron impulso sobre el terreno con una ofensiva en la segunda mitad de 2024 que les permitió retomar Jartum y las vecinas Omdurmán y Bahri, un duro golpe para las RSF. En respuesta, los paramilitares sellaron un pacto con grupos opositores aliados para formar un gobierno paralelo y lanzaron ataques coordinados en Darfur.
En octubre de 2025, las RSF lograron conquistar El Fasher, capital de Darfur Norte y última gran ciudad en manos del Gobierno en la región. En los días posteriores, cometieron asesinatos masivos, secuestros, torturas y violencia sexual contra la población, que llevaba cerca de 18 meses bajo asedio de los paramilitares.
Desde entonces, el grupo ha redirigido sus esfuerzos hacia Kordofán, donde ha avanzado con el apoyo del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), una facción rebelde activa principalmente en esta área. La ONU y diversas ONG han denunciado el uso cada vez más indiscriminado de drones y artillería por ambas partes.
Una guerra cada vez más internacionalizada
El conflicto ha adquirido desde muy pronto una fuerte dimensión externa, con la implicación de actores regionales y potencias extrarregionales, lo que ha contribuido a atrincherar a los contendientes, convencidos de poder imponerse militarmente.
Las autoridades sudanesas han acusado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de ser el principal sostén de las RSF y han remitido a la ONU documentación sobre el envío de armas, equipos y fondos a los paramilitares, principalmente a través de Chad, país que se mantiene en alerta tras varios ataques en su territorio.
Jartum, que habría recibido apoyos de distinto grado de Egipto, Irán y Turquía, ha señalado también a Etiopía por su presunto respaldo a las RSF, que además habrían contado con mercenarios del antiguo Grupo Wagner y con fuerzas leales a las autoridades del este de Libia encabezadas por Jalifa Haftar.
Sudán ha criticado asimismo el papel del asesor principal de Estados Unidos para África, Massad Boulos --que presentó recientemente un nuevo marco para relanzar el diálogo-- y ha cargado contra otros países, como Etiopía, por mantener su apoyo a las RSF y prolongar así la guerra.
El plan de Boulus cuenta con “cinco pilares”: una tregua humanitaria inmediata; un acceso humanitario sostenido y la protección de los civiles; un alto el fuego permanente y acuerdos de seguridad creíbles; una transición política inclusiva y encabezada por civiles; y un camino a largo plazo hacia la recuperación y la reconstrucción que restaure la estabilidad y las oportunidades para el pueblo de Sudán.
Sin embargo, Al Burhan ha reiterado que no aceptará ninguna fórmula que no contemple la retirada de las RSF. “Los combatiremos hasta que se rindan”, afirmó, reflejando que la guerra, prácticamente ausente de las prioridades de la agenda internacional, entra en su cuarto año sin perspectivas de un final cercano.