El Tribunal Supremo de Cuba ha dictado este lunes una dura sentencia contra el exministro de Economía Alejandro Gil (2018-2024), al que ha encontrado culpable en dos procesos penales distintos por un conjunto de delitos que abarcan espionaje, cohecho y tráfico de influencias. Como resultado, el antiguo responsable económico del Gobierno cubano afronta dos penas diferenciadas: una condena a cadena perpetua y otra de 20 años de cárcel.
En la primera de las causas, los jueces han declarado a Gil “responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”, además de la “violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados”, según detalla el comunicado difundido por el propio Supremo. Es en este procedimiento donde se le ha impuesto la pena de prisión perpetua.
En el segundo expediente, la máxima instancia judicial del país ha concluido que el exministro incurrió en “cohecho de carácter continuado (…) falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado”.
El alto tribunal sostiene que “Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades” de su cargo “para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos”, y remarca que el acusado “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba” y puso “información oficial clasificada (…) a disposición de los servicios del enemigo”.
El Supremo atribuye al exministro “una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa” y precisa en su resolución que, una vez se tramiten y resuelvan los recursos que pudieran presentarse, se fijará “una sanción conjunta y única” para Gil, en la que se integrarán ambas condenas.











