El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha alineado de forma preliminar con la posición del presidente Donald Trump al estudiar si puede cesar libremente a expertos de agencias independientes, como sucedió con la excomisionada de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la abogada Rebecca Slaughter. Trump la apartó de su puesto el pasado mes de marzo por «inconsistencias con la política de la Administración», según explicó entonces la Casa Blanca.
La decisión definitiva sobre este asunto no se espera hasta, como pronto, mediados del próximo año. Mientras tanto, los seis magistrados que integran la mayoría conservadora de la máxima corte del país han mostrado, en esta fase inicial, su rechazo a los argumentos expuestos este lunes por el abogado de Slaughter, Amit Agarwal, que cuestiona la legalidad del despido de su clienta.
Durante la vista, el juez conservador Brett Kavanaugh ha sostenido que las agencias independientes operan hoy con un margen de actuación excesivo y con un nivel de supervisión insuficiente por parte de la ciudadanía estadounidense, lo que a su juicio justifica reforzar el control presidencial.
En este contexto, Kavanaugh y otros magistrados han puesto en duda la vigencia de precedentes como el caso Humphrey vs. EEUU de 1935, que imponían al presidente la obligación de recabar la autorización del Congreso para proceder a este tipo de destituciones. Según la mayoría conservadora, aquel fallo respondía a una realidad institucional muy distinta y afectaba a organismos que, a diferencia de la CFC, apenas disponían de poder ejecutivo.
Otro juez conservador, Neil Gorsuch, ha advertido de que estas agencias están acumulando tantas funciones que podrían llegar a poner en riesgo el propio diseño del Gobierno federal. «Mañana, en lugar de los Departamentos de Interior, etcétera, podríamos encontrarnos con una comisión de trabajo, otra de educación y otra de medio ambiente», ha señalado, planteando un escenario de fragmentación del poder ejecutivo.
Frente a esta visión, la minoría liberal del Supremo ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que el alto tribunal vuelva a fallar a favor de Trump, como ya ha sucedido en otras ocasiones recientes. Para la magistrada Elena Kagan, la tesis defendida por la Administración implicaría «un poder masivo, incontrolado y sin restricciones en manos del presidente», lo que, a su entender, alteraría de forma sustancial el equilibrio entre poderes en Estados Unidos.