Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que respaldó las violentas redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo en 2025 en Los Ángeles contra personas migrantes avalaría el masivo operativo antinmigración impulsado por la Administración Trump.
El documento subraya que los funcionarios de inmigración “pueden detener brevemente” a una persona “para interrogarla” si poseen “una sospecha razonable, basada en hechos específicos articulables, de que la persona interrogada es un extranjero que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos”.
Además, subraya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a estos agentes a “interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en el país”.
El fallo incluye también un contexto sobre cómo operan estas inspecciones. Según la sentencia, el Gobierno a veces realiza “breves visitas de investigación para verificar el estatus migratorio de quienes se reúnen en lugares donde se contrata a personas para trabajos diarios; quienes trabajan o parecen trabajar en trabajos como construcción, paisajismo, agricultura o lavado de autos que a menudo no requieren papeleo y por lo tanto son atractivos para los inmigrantes ilegales”.
Así, la sentencia aclara que, aun cuando los agentes puedan interrogar y detener temporalmente a personas, deben actuar con criterios objetivos y liberar de inmediato a quienes sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con estatus legal en el país. El fallo mantiene así un debate abierto sobre la aplicación de la ley migratoria frente a la protección de los derechos civiles en comunidades afectadas por estas redadas.
Redadas en Los Ángeles
A través de esta sentencia, el Supremo concedió suspensión temporal de la orden del tribunal inferior que limitaba las paradas de ICE en Los Ángeles. Esta suspensión permite que las acciones de inmigración continúen mientras se tramitan recursos ante tribunales inferiores o una eventual apelación ante la Corte.
Organizaciones de derechos civiles, autoridades locales de Los Ángeles y otras partes demandaron al Gobierno federal, alegando que las redadas violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE UU al detener personas sin sospecha razonable válida en base a criterios como raza, idioma, ubicación o tipo de trabajo. Fue entonces cuando un tribunal federal del Distrito Central de California emitió en julio de 2025 una orden de restricción temporal prohibiendo paradas basadas en esos factores.