El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido revisar la constitucionalidad de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho recogido en la Constitución desde el siglo XIX.
Según ha informado la cadena CNN, los magistrados del Supremo, con una mayoría de perfil conservador, tienen previsto pronunciarse en junio, después de escuchar los argumentos de las partes, sobre si el decreto de Trump, firmado el mismo día de su investidura, respeta o no la Carta Magna.
La Decimocuarta Enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Este principio quedó reforzado en 1898 con el caso de Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos al que se le prohibió la entrada al país en aplicación de la Ley de Exclusión China de 1882.
La Administración Trump ha defendido una lectura más limitada de la expresión “sujeto a jurisdicción”, con la intención de restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes en situación irregular, alegando que los progenitores carecen de lealtad plena a Estados Unidos por haber nacido en otro país.
La directora legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Cecilia Wang, ha subrayado que “ningún presidente puede cambiar” la Decimocuarta Enmienda, recordando que la Constitución solo puede reformarse si la modificación obtiene el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y es ratificada por tres cuartas partes de los estados.
Wang ha añadido en un comunicado que “los tribunales federales han dictaminado de forma unánime que la orden ejecutiva del presidente Trump es contraria a la Constitución, a una decisión de la Corte Suprema de 1898 y a una ley promulgada por el Congreso”.
A diferencia del ya anulado precedente Roe contra Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento cuenta hoy con un amplio respaldo jurídico y apenas ha generado litigios en los tribunales, en parte por la claridad del texto de la Decimocuarta Enmienda.