Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha ordenado la suspensión durante nueve meses del movimiento opositor Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). La resolución se enmarca en el caso 'Caja Chica', investigación en la que se analiza si dirigentes de la formación habrían recibido fondos procedentes de Venezuela para costear la campaña electoral de 2023.
“En consecuencia, de lo analizado se dispone como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve (9) meses de la organización política Movimiento Político Revolución Ciudadana, Lista 5, en el registro permanente de organizaciones políticas”, señala el auto del juez Joaquín Viteri.
La salida temporal del registro implica que el partido queda imposibilitado para intervenir en los próximos comicios mientras dure la sanción, lo que ha desatado un fuerte rechazo en el entorno de la fuerza correísta, que denuncia un intento de apartarla de la contienda.
“La intención (de la decisión judicial) es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales, ya que el período de suspensión que pretenden imponer coincide con el proceso de inscripción de candidaturas”, reza un comunicado emitido por Revolución Ciudadana en redes sociales.
Desde la oposición sostienen que la medida amenaza con interferir en la participación ordinaria de Revolución Ciudadana en las próximas elecciones seccionales, en las que se escogerán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales y regionales, ya convocadas para febrero de 2027.
En esa línea, acusan al Ejecutivo de Daniel Noboa de tratar de “eliminar a la oposición” y “callar” a “cualquiera que se atreva a levantar su voz”. “¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura? Ningún periodista, académico, fuerza política o actor social que se diga defensor de la democracia puede guardar silencio frente a una aberración judicial como esta”, asevera el comunicado.
“Lo advertimos: la dictadura de Daniel Noboa instala un régimen de terror en el país más inseguro y violento del continente, ahora, ordena la proscripción de la Revolución Ciudadana de manera ilegal e irregular en plena marcha de calendario electoral”, ha sostenido la recientemente elegida presidenta de la formación, Gabriela Rivadeneira, en un mensaje en redes sociales.
A finales de enero, la Fiscalía de Ecuador registró los domicilios de Luisa González —excandidata presidencial— y de otros miembros del movimiento opositor en busca de indicios dentro del caso 'Caja Chica'. En total, son ocho las personas bajo investigación por la presunta financiación irregular de la campaña de 2023, en la que González fue derrotada en la segunda vuelta por el actual presidente, Daniel Noboa.
González rechazó las actuaciones del Ministerio Público y aseguró que las instituciones ecuatorianas intentan “tapar la corrupción” del Gobierno. “La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie”, defendió.
Este es el segundo expediente que se abre en relación con la campaña de González, quien dejó la secretaría general del movimiento el 18 de enero. Ese mismo día, fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral por supuestas irregularidades en la financiación y en los gastos electorales de la campaña.