QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un tribunal federal de Estados Unidos ha detenido temporalmente las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump en febrero hacia el fiscal principal del Tribunal Penal Internacional, el británico Karim Khan. Trump lo acusó de utilizar la corte como una herramienta en contra de altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, por su participación en el conflicto de Gaza.
Khan fue sancionado después de que el TPI emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por emplear el hambre como táctica bélica y otros delitos como asesinatos y persecución en Gaza, considerados crímenes contra la humanidad. A solicitud del fiscal, el TPI también lanzó órdenes de arresto contra tres cabezas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Desde la Casa Blanca se argumentó que estas órdenes de arresto constituían una «amenaza para la seguridad nacional» de Estados Unidos e Israel, una justificación que la jueza Nancy Torresen no encontró suficiente.
La jueza del tribunal de Maine aceptó la petición de la ONG Fortify Rights, cuyo fundador, Matthew Smith, argumentó en una columna en el ‘New York Times’ que las sanciones contra Khan no solo atacaban la libertad de expresión, sino que también interrumpían el trabajo de su organización con el tribunal, especialmente en la investigación sobre crímenes de guerra en Birmania contra los rohingya.
Akila Radhakrishnan, presidenta de la ONG Global Justice Center y co-demandante, se unió a la petición por motivos similares vinculados a la investigación sobre violencia sexual por parte de los talibanes en Afganistán.
Los demandantes expusieron que las sanciones desde febrero han complicado su labor ya que cualquier ciudadano estadounidense que colaborase con Khan podría enfrentarse a represalias civiles y penales, lo que ha causado una pausa en su cooperación con el tribunal.
En su fallo, publicado en el sitio web de la Judicatura de Estados Unidos, la jueza Torresen señaló que la orden ejecutiva «parece restringir la libertad de expresión más de lo necesario» y que no se justifica cómo el apoyo a Khan en las investigaciones sobre atrocidades en países como Bangladesh, Birmania o Afganistán podría amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos e Israel.
Hasta el momento, ni Estados Unidos ni Israel han emitido comentarios respecto a esta decisión.
