Las autoridades gobernadas por el régimen talibán en Afganistán han desmentido este jueves haber realizado ‘arrestos’ o ‘vigilancias’ a ciudadanos afganos relacionados con un programa de reasentamiento británico secreto, tras una revelación de sus datos personales que ha generado controversia dentro del gobierno británico.
‘Nadie ha sido arrestado o asesinado por sus acciones pasadas y nadie está siendo vigilado por este motivo’, declaró el viceportavoz del gobierno afgano, Hamdulá Fitrat, quien recordó que el líder talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, proclamó ‘una amnistía general’ después de la ocupación del país por parte de los extremistas.
Fitrat enfatizó que ‘las informaciones sobre investigaciones o vigilancias a estas pocas personas cuyos datos han sido filtradas son falsas e incorrectas’. ‘Los servicios de Inteligencia no tienen necesidad de supervisar a personas que ya han sido perdonadas’, expresó a través de un mensaje en su perfil de la red social X.
‘Todos los documentos relativos a estas personas están disponibles. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los servicios de Inteligencia tienen toda la información. No necesitamos usar los documentos revelados por los británicos’, resaltó Fitrat.
Asimismo, reafirmó que ‘ante un decreto de amnistía general, nadie es vigilado o procesado’. ‘Cualquier rumor propagado en este sentido únicamente asusta a estas personas y provoca miedo y ansiedad a sus familias, por lo que los rechazamos’, explicó, antes de declarar que ‘el Emirato Islámico no se vengará de nadie’ y que ‘nadie tiene derecho o permiso para perseguir, vigilar o causar daño a nadie’.
Estas declaraciones de Fitrat se producen un día después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, solicitara al anterior gobierno conservador, liderado por Rishi Sunak, que diera explicaciones sobre la filtración de datos de miles de afganos que colaboraron con el gobierno británico y que solicitaron protección al tomar el poder los talibanes, tras la ‘sincera disculpa’ ofrecida por el ministro de Defensa, John Healey, en nombre del gobierno, que incluía nombres y datos de contacto de los solicitantes, así como las identidades de sus familiares.
El gobierno británico implementó un plan de contingencia para aquellos incluidos en la lista filtrada que tuvo un coste de 400 millones de libras (461,5 millones de euros) y facilitó el traslado a Reino Unido de cerca de 4.500 personas, incluyendo 900 miembros de la Ruta de Respuesta a Afganistán y aproximadamente 3.600 familiares, con el fin de evacuar a un total de 6.900 personas.