QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha recibido el respaldo de su Abogada General para permitir que un país miembro imponga la vacunación obligatoria a los integrantes de sus fuerzas armadas, incluso si esto contradice las opiniones personales de algunos militares.
La recomendación de la Abogada General no tiene carácter vinculante para el TJUE, pero generalmente influye en las decisiones del tribunal en la mayoría de las ocasiones. Esta vez, se ha pronunciado sobre una consulta prejudicial del Consejo de Estado italiano, relativa a un militar que fue suspendido por no vacunarse contra la Covid-19 durante la pandemia, argumentando que esta medida era discriminatoria y contraria a la normativa europea sobre igualdad en el empleo.
La normativa italiana en cuestión exigía la vacunación contra el coronavirus para el personal militar durante la pandemia. Aquellos que se negaron a vacunarse, como el demandante, fueron suspendidos de empleo y sueldo. Este último rechazó la vacuna, calificándola de “ineficaz e insegura” y criticó la falta de responsabilidad del Gobierno ante posibles efectos adversos.
En su análisis, la Abogada General Tamara Capeta indicó que la directiva europea sobre igualdad de trato en el trabajo no se aplica en este caso, ya que una opinión personal contraria al programa de vacunación no se considera una “convicción” protegida por la legislación de la UE. Diferenció entre creencias que están protegidas, como las religiosas o filosóficas, y otras opiniones, como las políticas o sindicales, que no están cubiertas por esta directiva.
Además, señaló que si el TJUE llegara a considerar que se trata de una “convicción”, estaríamos ante un caso de “discriminación indirecta”, pero que sería “justificada” por el fin legítimo de proteger la salud pública, justificando así la vacunación obligatoria como una medida necesaria y proporcionada ante la emergencia sanitaria.
