El Tribunal Superior de Bogotá ha denegado la solicitud presentada este lunes por la defensa del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, solicitando la suspensión de la pena y su liberación inmediata.
El juez Leonel Rogeles, de la Sala Penal de esta corte, ha resuelto ‘no decretar la medida provisional solicitada’ por Jaime Enrique Granados, abogado del exmandatario, argumentando que la petición ‘no cumple los estándares de urgencia, necesidad, (e) impostergabilidad’, y ha destacado en su decisión que no es posible apelar este fallo.
Además, Rogeles ha considerado que el análisis de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda es acertado, indicando que no encontró ‘ninguna irregularidad’ en la condena a Uribe, quien fue sentenciado el pasado viernes a doce años de arresto domiciliario, más de ocho años de inhabilitación y una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
La defensa de Uribe había pedido la libertad inmediata del expresidente colombiano al Tribunal de Superior de Bogotá hasta que se resolviera el recurso contra la sentencia, al alegar que ésta constituye una ‘grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de’ su cliente.
Heredia emitió una sentencia condenatoria contra Uribe, quien ha negado constantemente los hechos, alegando ser objetivo de una persecución política, tras considerar probado que el exmandatario impulsó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el fin de beneficiarse de sus declaraciones. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para modificar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso se inició en 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de recorrer las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia. No obstante, con la presentación de pruebas, diversas versiones sugirieron que los abogados de Uribe intentaban manipular a los testigos para incriminar a Cepeda, quien pasó de ser acusado a víctima, a diferencia de Uribe, quien se convirtió en el investigado.