El Tribunal Constitucional de Ecuador, tras recibir una propuesta del presidente Daniel Noboa a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), evalúa la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. Esta solicitud llega después de que la misma corte detuviera un intento anterior del presidente, calificándolo de inconstitucional.
El CNE, que votó unánimemente el pasado sábado, ha enviado al Tribunal Constitucional la propuesta contenida en el Decreto 153. El caso ha sido asignado automáticamente a María Augusta Zambrano, hecho que ha sido notificado a diversas autoridades, incluyendo al propio Noboa, según reportes de medios locales.
De acuerdo con el diario ‘La Hora’, el Tribunal ya ha recibido tres demandas de inconstitucionalidad contra este decreto. Entre los demandantes se encuentra el Foro por la Democracia, un grupo de 26 juristas, que ha expresado: “El presidente de la República pretende, nuevamente, convocar a una Asamblea Constituyente por fuera de lo dispuesto en la Constitución. Por ello, hemos presentado ya la correspondiente acción de inconstitucionalidad”.
Este grupo también ha señalado que el Decreto 148, que también buscaba la convocatoria de la consulta, fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Constitucional tras recibir cinco acciones de inconstitucionalidad. “En lugar de esperar que se resuelva el fondo de esas causas, el Ejecutivo expidió el nuevo Decreto 153 con el mismo contenido y finalidad”, han lamentado desde el Foro, denunciando un patrón de vulneración constitucional y la insistencia en un proceder contrario al orden jurídico.
El artículo 438.2 de la Constitución establece que solo la Corte Constitucional tiene la facultad de calificar la constitucionalidad de cualquier consulta popular. “Pretender convocar a una Asamblea Constituyente sin este control no es un tecnicismo es un fraude a la Constitución y un grave atentado contra la separación de poderes”, han denunciado desde el Foro.
Tras la declaración de proceso electoral por parte del CNE, se amplían sus competencias, incluyendo la posibilidad de destituir funcionarios que obstruyan el proceso electoral, situación que no justifica, bajo ningún concepto, la destitución de jueces de la Corte Constitucional, argumentan desde el Foro. Por otro lado, Noboa sostiene que la Constitución de 2008 no se ajusta a las urgencias actuales de Ecuador, que enfrenta una crisis en diversas áreas que requiere una reforma integral del Estado.