La magistrada Loretta Preska, del distrito judicial de Nueva York, ha emitido una orden por la que se requiere que Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF, su compañía petrolera estatal, a los fondos de inversión Burford y Eton Capital. Esta medida es consecuencia del litigio relacionado con la nacionalización de la firma en 2012.
Según el fallo, Argentina deberá colocar las mencionadas acciones de clase D de YPF en una cuenta de custodia global administrada por el Bank of New York Mellon Corporation dentro de los próximos 14 días a partir de la emisión de la orden judicial.
Este veredicto es apelable por parte de Argentina y se inserta en un contexto donde previamente se le había sentenciado a pagar una suma superior a 16.000 millones de dólares (13.588 millones de euros).
Con la divulgación de esta noticia, los valores de YPF en el mercado han registrado una caída del 3,43%, y una disminución aún mayor, de más del 5%, en Wall Street.
Desde 2012, Argentina ha mantenido el control de YPF, ejerciendo influencia decisiva en aspectos clave como la aprobación de proyectos o la selección de su consejo de administración, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde el 17 de junio cumple una condena de seis años de prisión en su residencia por cargos de corrupción.
Los fondos Burford y Eton Capital argumentaron que en el momento de la expropiación, el gobierno debía haber propuesto comprar la totalidad de la compañía, conforme lo estipulaba el estatuto, y no solo una fracción. En abril de 2024, Burford Capital había exigido el control de estas acciones, incluyendo embargos y otras medidas judiciales.