El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la demanda del Parlamento Europeo contra los descendientes de Jean-Marie Le Pen, líder del movimiento ultraderechista francés, quienes buscaban eludir el reembolso de más de 300.000 euros que la institución solicita por el manejo indebido de fondos por parte del creador del Frente Nacional durante su tiempo como eurodiputado.
La resolución, emitida en primera instancia por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y susceptible de apelación, respalda que la Eurocámara observó las normas de un «procedimiento justo» en el litigio del difunto Le Pen y que la reclamación se fundamenta en un análisis «que expuso de manera detallada desde el punto de vista factual y jurídico» las irregularidades imputadas al ultraderechista.
Además, la decisión subraya que al ser requeridos por la Eurocámara para devolver el dinero por uso indebido, los demandantes no aportaron «ninguna prueba de que el uso de esos créditos fuera conforme al reglamento aplicable».
El conflicto data de enero de 2024, cuando el secretario general del Parlamento Europeo exigió a Le Pen una suma total de 303.200 euros utilizados de los fondos para gastos administrativos habituales que reciben los eurodiputados durante su mandato y que fueron justificados de manera inapropiada. Estos fondos pueden ser asignados a actividades relacionadas o del grupo en eventos políticos sobre la Unión Europea, pero no para campañas electorales ni para adquisiciones personales.
Dentro de esta situación, la Oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) identificó el uso indebido de estos recursos por parte de Le Pen entre 2009 y 2018, empleándolos en gastos no permitidos como corbatas, relojes, gafas de realidad virtual o 129 botellas de vino.
El líder ultraderechista impugnó la decisión de la Eurocámara ese mismo año ante la Justicia europea para tratar de evitar el desembolso y tras su muerte, tres de sus herederos –Marion Le Pen, Yann Maréchal y Marie-Caroline Olivier– optaron por continuar con el recurso, que este miércoles ha sido desestimado por el Tribunal General con sede en Luxemburgo.