El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha encontrado responsables a Alfred Yekatom y Patrice Edouard Ngaissona, principales figuras de las milicias ‘antibalaka’ en República Centroafricana (RCA), por perpetrar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el apogeo del conflicto en este país.
En el juicio de primera instancia, el TPI impuso penas de 15 y 12 años de cárcel a Yekatom y Ngaissona, respectivamente, por su participación en crímenes durante los enfrentamientos con las milicias de Séléka, predominantemente musulmanas, entre 2013 y 2014.
Yekatom, anteriormente cabo mayor en las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana, fue acusado en 2019 de cometer crímenes contra la humanidad –incluyendo asesinato, deportación o traslado forzoso de la población, tortura, encarcelamiento, persecución y otros actos inhumanos– en diversas regiones del país en el contexto del conflicto armado entre diciembre de 2013 y agosto de 2014.
Yekatom, quien se rindió a la corte en noviembre de 2018 después de que se emitiera una orden de arresto en su contra, lideraba un contingente de 3.000 integrantes activos dentro de las milicias ‘antibalaka’ y fue considerado responsable de numerosos crímenes de guerra, entre ellos asesinato, tortura y tratos crueles, mutilaciones, ataques intencionales contra la población civil o contra edificaciones religiosas, así como el reclutamiento de menores.
Ngaissona, quien ocupaba el cargo de coordinador general nacional de los ‘antibalaka’, enfrentó acusaciones por crímenes en localidades como Bangui, Bossangoa, la prefectura de Lobaye, Yaloké, Gaga, Bossemptélé, Boda, Carnot y Berberati, desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2014.
Dentro de los crímenes atribuidos a Ngaissona se incluyen exterminio, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelamiento, tortura, violación o intento de violación, persecución y otros actos inhumanos. Además, fue señalado por cometer tratos crueles, mutilaciones, atentados contra la dignidad personal, reclutamiento de menores o ataques intencionales contra civiles o instalaciones religiosas.
Al igual que Yekatom, Ngaissona –quien era miembro del consejo ejecutivo de la Federación de Fútbol Africana (CAF) en el momento de su arresto y poseía pasaporte diplomático– se presentó ante la corte en noviembre de 2018 después de que el TPI emitiera una orden de arresto.
