El sistema judicial de Perú no ha aceptado la petición de la Fiscalía de restringir a Dina Boluarte la posibilidad de salir de Perú por un tiempo estimado de 18 a 36 meses. La decisión se basó en la ausencia de pruebas contundentes que demuestren su participación en delitos de lavado de dinero ni que exista un peligro real de que la expresidenta pueda fugarse.
Durante una sesión judicial reportada por el periódico ‘La República’, el juez Lolo Váldez optó por no restringir la libertad internacional de Boluarte, mencionando la insuficiencia de evidencias que respalden las acusaciones de operaciones financieras ilícitas.
El magistrado calificó de «irrisorios» los montos de 100 y 150 soles (25 y 38 euros) presentados por la Fiscalía, y desestimó la posibilidad de que estos estén vinculados a una red de lavado de dinero que involucre 15.000 soles (3.775 euros). A pesar de esta decisión, la investigación sigue abierta y Boluarte deberá enfrentarse a un interrogatorio junto a Braulio Grajeda, exministro de Gobernanza Territorial, los días 27 y 28 de octubre.
Tras el rechazo del tribunal, la Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión. Esta solicitud se produjo después de que Boluarte perdiera su inmunidad parlamentaria y tras negar cualquier plan de fuga o de solicitar asilo. El Congreso de Perú había votado por su destitución el jueves anterior por «incapacidad moral permanente» tras un ataque en un concierto que resultó en cinco heridos.