El Tribunal Supremo de Brasil (STF) ha expresado su rechazo a ‘los intentos de injerencia política, nacional o internacional’, calificándolos de ‘injustificables’, luego de que Estados Unidos cancelara el visado al juez Alexandre de Moraes, quien lleva el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, y a sus ‘aliados’ en el Tribunal y sus familiares.
‘La injerencia interna o externa en la libre actuación del Poder Judicial contraviene los pilares del Estado de Derecho, ya que significaría erosionar la independencia, la imparcialidad y la honradez que se exige a los jueces’, argumentó la dirección de la corte en un comunicado publicado en su sitio web, subrayando que ‘son injustificables, desde cualquier punto de vista, los intentos de injerencia política, nacional o internacional, en su funcionamiento y en la actuación independiente de sus miembros’.
El anuncio, firmado por el presidente del Tribunal, Antonio Herman Benjamin, entre otros, se produjo apenas cuatro días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenara la revocación del visado a Moraes, a sus ‘aliados’ en el Tribunal y sus familiares, tras las medidas cautelares impuestas a Bolsonaro por la financiación de una red en Estados Unidos para probar su inocencia.
Además, la cúpula judicial brasileña enfatizó que ‘presionar o amenazar a los jueces (y a sus familiares) con la esperanza de que cambien o distorsionen la aplicación de la ley debilita y deslegitima la esencia de un modelo de justicia basado en la máxima de que la ley vale y debe valer, con el mismo peso, para todos’. Asimismo, destacaron que el ‘proceso civil y penal prevé una amplia gama de recursos’, asegurando que ‘existen sólidos mecanismos de controles y contrapesos que garantizan la integridad y la seriedad del sistema judicial’.
Finalmente, el texto reafirma la soberanía del país, ‘condición innegociable en Brasil y en todo el mundo’, y recalca que ‘Los jueces federales y estatales brasileños son elegidos por mérito, tras aprobar un difícil concurso público nacional’. ‘El Poder Ejecutivo no controla –y sería impensable que lo intentara– el funcionamiento del Poder Judicial, ya sea para paralizar juicios o para orientar el resultado de los mismos’, se añade en la declaración.
‘En las relaciones con otros países, según los términos de la Constitución de 1988, nuestro comportamiento se rige por la igualdad entre naciones, la no intervención y la solución pacífica de conflictos’, concluye el comunicado, que refleja que, ‘entre los principios consagrados en la Constitución, se encuentra, en el artículo 1, el respeto a la soberanía, la nuestra y la de los demás’.