El Tribunal Supremo de Costa Rica ha solicitado a la Asamblea Legislativa que despoje de su inmunidad al mandatario del país, Rodrigo Chaves, permitiendo así que sea procesado por un presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación de consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Tribunal de Corte Plena, tras su decisión que contó con 15 votos a favor y siete en contra, ha señalado que es necesario que Chaves responda a las acusaciones sobre un contrato cuyo valor supera los 400.000 dólares (más de 339.500 euros), suministrado por el BCIE.
Es la primera ocasión en la historia que el tribunal solicita remover la inmunidad a un presidente en funciones. Además, se ha requerido aplicar esta misma acción contra el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, implicados ambos en los hechos, siendo Rodríguez Vives el jefe de oficina del presidente durante el periodo del cuestionado contrato.
De acuerdo con ‘La Nación’, un diario de Costa Rica, se alega que el presidente habría solicitado a un empresario una suma de 32.000 dólares (aproximadamente 27.160 euros) a cambio de un contrato con la Presidencia, mientras que la Fiscalía afirma que el contrato fue diseñado específicamente para favorecer a la empresa seleccionada por el BCIE.
Por lo tanto, Chaves es investigado por un posible delito de concusión en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., que se encargaría de proveer servicios para la Presidencia durante el periodo 2022-2026, debido a supuestas irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato.
La Asamblea Legislativa deberá ahora formar una comisión que presente una recomendación al pleno, donde la inmunidad podría ser retirada si se reúnen al menos 38 votos a favor. De no ser así, el caso podría continuar abierto y el presidente sería procesable una vez finalice su mandato.
El Código Penal de Costa Rica establece penas de entre dos y ocho años de prisión para cualquier funcionario que, «abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial».