El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado su segundo mandato con un objetivo nítido en el ámbito interno: ampliar el radio de acción del poder Ejecutivo hasta cotas que apenas rozó en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca. Prueba de ello es el récord de 225 órdenes firmadas en 2025, con la aspiración última de erigirse en origen y destino de la autoridad nacional.
El análisis de las órdenes ejecutivas de Trump, especialmente las aprobadas en los primeros días tras su regreso al Despacho Oval, deja ver su empeño en concentrar en la Presidencia el control del funcionamiento del Gobierno federal.
Su primera orden ejecutiva, del 28 de enero, estuvo dirigida a “poner fin a la instrumentalización del Gobierno federal”. Al día siguiente, Trump anunció la creación del Departamento de Eficacia Gubernamental, bajo la dirección del magnate Elon Musk, con el cometido de adelgazar la estructura de las agencias federales para “combatir el despilfarro”. Un mes después prosiguió la ofensiva con una nueva orden presidencial que ponía en marcha una iniciativa para “reducir la burocracia federal”.
En paralelo, Trump declaró la guerra a la “ideología extremista de género” para “defender a las mujeres” y restaurar “la verdad biológica”, proclamó el fin de la “discriminación ilegal” que, a su juicio, encarnan las políticas de “diversidad, igualdad e inclusión”, y expresó su propósito de “erradicar sesgos anticristianos”. Estas órdenes, que por primera vez designan al inglés como “lengua oficial” de Estados Unidos, fijan también los pilares de un endurecimiento de la política migratoria frente a “los extranjeros criminales” que ponen en riesgo “las comunidades americanas”.
Aunque durante la campaña aseguró desconocer el llamado Proyecto 2025, diseñado por la ultraconservadora Fundación Heritage para su segundo mandato, Trump ha seguido al pie de la letra sus ejes centrales: remodelación del aparato estatal, restauración de valores conservadores, control férreo de la inmigración y desregulación. Uno de sus coautores, Russell Vought, ocupa actualmente la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.
Choque frontal con los tribunales
Escarmentado por su primera etapa en el poder, Trump ha elevado el tono de su ofensiva normativa, firmando estas órdenes a sabiendas de que le situaban en conflicto directo con la judicatura federal, en particular con los jueces nombrados en su día por presidentes demócratas como Barack Obama o Joe Biden.
Estos magistrados comenzaron a dictar “medidas cautelares a nivel nacional” contra sus decisiones, sobre todo en materia migratoria, al paralizar deportaciones de migrantes irregulares y sus expulsiones cuando se les acusaba de pertenecer a bandas criminales consideradas organizaciones terroristas, con destino a la cárcel CECOT de El Salvador.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso contabilizó 25 casos, solo entre el 20 de enero y el 29 de abril, en los que un juez federal emitió una orden judicial de alcance nacional. Los asuntos abarcaban desde la asignación de fondos federales hasta cuestiones de diversidad, equidad e inclusión y el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que Trump consolidó durante su primer mandato, le otorgó en junio una de sus mayores victorias al limitar la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear decisiones presidenciales. “Los tribunales federales no están capacitados para ejercer una supervisión general del poder ejecutivo”, argumentó la jueza Amy Conney Barrett en nombre del bloque conservador.
Presión sobre instituciones y medios
El primer año de este segundo mandato también ha estado marcado por la irrupción de Trump en esferas institucionales tradicionalmente alejadas de la órbita presidencial, como las universidades y la Reserva Federal. En el ámbito académico, recortó financiación en respuesta a protestas propalestinas y contra la ofensiva militar israelí en Gaza; en el terreno económico, ordenó investigar al “corrupto e incompetente” presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los medios de comunicación también han sufrido el giro de tuerca. Trump expulsó a Associated Press de los grupos de prensa del Despacho Oval tras negarse la agencia a secundar al presidente en su intento de rebautizar el Golfo de México como Golfo de América. En octubre, el Pentágono comunicó que condicionaría la entrega de acreditaciones a que los medios guardaran silencio sobre información clasificada y presentó una demanda contra la cadena británica BBC por editar su discurso del 6 de enero de 2021 en el National Mall, previo al asalto al Capitolio.
Trump ha utilizado de forma intensiva su facultad de indulto para perdonar a participantes en el ataque al Capitolio, a numerosos cargos públicos condenados por corrupción y a decenas de personas sentenciadas por delitos financieros, incluso en situaciones que parecían favorecer a la familia Trump. Esta, a su vez, se ha visto notablemente beneficiada por las políticas de impulso a las criptomonedas promovidas por el presidente. Pocas áreas han escapado, por ahora, a su voluntad de control.
Un presidente por encima de todo
“La larga marcha del 'marxismo cultural' ha llegado a su fin”, señalaba el prólogo del Proyecto 2025. En su lugar se erige la denominada “Teoría del Ejecutivo Unitario”: la concentración del poder ejecutivo en la figura presidencial. Su máximo exponente es un dirigente que, a comienzos de año, afirmó sin ambages que el ejercicio de su autoridad solo se ve limitado por su “propia moralidad”. Con estas palabras, Trump dibujó una visión de la Presidencia sin cortapisas en su radio de intervención, ni políticas ni ideológicas.
A Trump le restan once meses de dominio casi absoluto, dado que ambas cámaras del Congreso continuarán bajo su control hasta las legislativas de noviembre. Hasta entonces, el poder Legislativo no actuará como contrapeso real a su agenda interna.
“Tenemos que ganar esas elecciones”, declaró recientemente el presidente ante unas encuestas que, por ahora, otorgan a la oposición demócrata al menos la mayoría en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso. Pero incluso si se confirmara ese vuelco, el impacto de esta Presidencia reforzada ya ha calado con tal profundidad en la política interior estadounidense que, con toda probabilidad, muchas de estas herramientas de control vertical seguirán vigentes más allá de su mandato.