El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha promulgado una orden ejecutiva que impone a las universidades beneficiarias de ayuda federal la obligación de divulgar completamente sus datos de admisión para identificar posibles situaciones de discriminación positiva racial, una conducta que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en un fallo histórico en 2023.
En su declaración, Trump sostiene que a pesar de que el Tribunal Supremo determinó que favorecer a candidatos por motivos raciales infringe los derechos civiles, la ausencia de información adecuada todavía genera incertidumbre sobre la eliminación de dicha práctica. Por ello, subraya la importancia de una «mayor transparencia» para revelar «prácticas ilegales» que podrían resultar en «jerarquías raciales».
«Los estudiantes y los contribuyentes de Estados Unidos deben poder confiar en la justicia e integridad de las instituciones de educación superior, también en que están inscribiendo y formando a futuros médicos, ingenieros, científicos y otros trabajadores vitales para la prosperidad de las futuras generaciones que sean capaces», indica el comunicado de la Casa Blanca.
Trump, quien considera que la inclusión de criterios raciales en el proceso de matriculación «no sólo es injusto sino que amenaza la seguridad y el bienestar nacional», ha instruido al Departamento de Educación para que revise y facilite el sistema de recopilación de datos estadísticos.
Además, la orden ejecutiva incluye una advertencia de posibles recortes de financiación para aquellas universidades que no acaten la nueva reglamentación, siguiendo el precedente de acciones similares tomadas por Trump, como la suspensión de fondos a la Universidad de Harvard por motivos políticos.