El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que obliga a todas las agencias bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a abonar los salarios a sus trabajadores perjudicados por el cierre parcial de la Administración. Con este paso, el mandatario sortea al Congreso, aún enfrascado en la búsqueda de una salida a una crisis en la que republicanos y demócratas se responsabilizan mutuamente.
La iniciativa arrancó esta misma semana con una primera orden dirigida únicamente al personal de la Agencia para la Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos empleados acumulaban casi 50 días sin percibir su sueldo. Ante la ausencia de avances en las negociaciones en el Capitolio y sin señales de un acuerdo antes de la próxima semana, Trump ha decidido extender ahora esa instrucción al resto de organismos que dependen del DHS, entre ellos los Guardacostas o el área de Ciberseguridad.
“Como presidente de Estados Unidos, he determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la Nación”, ha anunciado Trump al justificar una decisión ejecutiva que no ha tenido que pasar por el Congreso al considerarse una causa de fuerza mayor.
Pese a ello, el Legislativo podría desbloquear el conflicto en los próximos días, ya que se encuentra sobre la mesa un nuevo proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, con vigencia hasta el 30 de septiembre, que se percibe como una opción más asumible para ambas formaciones.
En lo que fue interpretado como una claudicación de la mayoría republicana en el Senado, hace algo más de una semana se alcanzó un principio de acuerdo en la Cámara Alta que excluía del paquete presupuestario a las polémicas fuerzas antimigración del país, encabezadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, la Cámara de Representantes, también con mayoría republicana, rechazó tajantemente respaldar ese entendimiento.