La Administración Trump ha solicitado formalmente a última hora de este viernes al Tribunal Supremo de EEUU que levante la suspensión declarada por una jueza federal contra su cuestionada orden para desplegar a la Guardia Nacional en el estado de Illinois, y concretamente en el bastión demócrata de Chicago, para reforzar las operaciones de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional en su lucha contra el crimen.
El despliegue en Chicago sigue el patrón de órdenes similares promulgadas por el presidente en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, y que han sido objeto de las críticas de gobernadores estatales al denunciar que su opinión no ha sido tenida en cuenta y que las estadísticas de criminalidad no justifican semejante medida.
El 9 de octubre, la jueza federal de distrito April Perry emitió una orden de restricción temporal que prohibía a la Administración Trump desplegar a la Guardia Nacional de Estados Unidos en Illinois hasta el 23 de octubre. En un dictamen emitido el 10 de octubre que acompañaba a su orden, Perry cuestionó la versión de los hechos de la Administración Trump. La jueza ha programado el próximo día 22 una nueva vista para decidir si prolonga su prohibición.
Los abogados de la Casa Blanca han decidido adelantarse a las circunstancias y solicitado al Supremo una intervención de emergencia aprovechando que este pasado jueves un tribunal de apelaciones cuestionó parcialmente el dictamen de la jueza, aunque no en grado suficiente como para permitir el despligue.
Ahora, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, ha solicitado al Supremo que invalide por completo el dictamen de la magistrada, que «causa un daño irreparable al poder Ejecutivo, anula la autoridad del presidente como Comandante en Jefe y pone en peligro las vidas de los agentes del Departamento de Seguridad Interior» que están emprendiendo ya operaciones en la zona de Chicago, según la petición publicada por el portal jurídico especializado SCOTUSblog.
La administración Trump también ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, pero la jueza federal de distrito Karin Immergut ha emitido igualmente una restricción temporal que bloquea dicho despliegue; una decisión que ya ha sido apelada por los abogados de la Casa Blanca.