El Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha pedido de manera urgente al Tribunal Supremo que detenga la ejecución de una decisión de la corte de apelaciones federal. Esta resolución compulsa al ejecutivo a emplear más de 10.000 millones de dólares en fondos que el Congreso destinó para cooperación y ayuda al exterior antes del 30 de septiembre.
El argumento del Gobierno es que cumplir con esta directriz forzaría a desembolsar esos fondos a una «velocidad de vértigo». «El presidente no puede hablar con una sola voz en cuestiones de política exterior o en su relación con el Congreso cuando un tribunal de distrito obliga al poder ejecutivo a actuar en contra de sus objetivos», mencionó el procurador general, John Sauer, citado por The Hill.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump congeló aproximadamente 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) en ayuda exterior, lo que desencadenó una confrontación legal iniciada por organizaciones humanitarias que argumentaron que el presidente había sobrepasado sus facultades. De esa cantidad, unos 10.500 millones debían ser utilizados antes del 30 de septiembre.
Sauer señaló que el Gobierno tiene la capacidad de utilizar 6.500 millones de dólares antes de la fecha límite, pero que el uso de los 4.000 millones restantes contravendría la política exterior y representaría «una amenaza grave y urgente» para la separación de poderes.
Con este recurso ante el Supremo, Trump busca extender sus prerrogativas presidenciales en el ámbito presupuestario para imponer su política en los fondos destinados al extranjero.