El Consejo Europeo ha acordado este lunes extender por un año adicional el régimen de sanciones que pesa sobre más de una treintena de personas y entidades debido a la situación política y a las violaciones de los Derechos Humanos en República Democrática del Congo (RDC).
En concreto, las medidas restrictivas del bloque se aplican a 31 individuos y dos entidades, vinculados con violaciones de los Derechos Humanos, la obstrucción del proceso electoral y el respaldo al conflicto armado, así como a la inestabilidad y a la inseguridad que persisten en el país africano.
Las personas y organizaciones incluidas en la lista están sometidas a una congelación de activos, mientras que los ciudadanos y empresas de la Unión Europea (UE) tienen prohibido poner fondos a su disposición. A ello se suma una restricción de viaje que les impide entrar o transitar por el territorio de los Estados miembro.
El Consejo ha subrayado que la UE mantiene “bajo constante revisión” los acontecimientos en RDC y ha reiterado que puede decidir sobre la prolongación de las sanciones y sobre posibles modificaciones de la relación de personas, organismos y entidades afectadas por estas medidas punitivas en función de la evolución de la situación sobre el terreno.