La Unión Europea ha expresado su rechazo a la decisión de un tribunal georgiano de bloquear las cuentas bancarias de siete organizaciones no gubernamentales, acusadas de financiar protestas antigubernamentales. Ha calificado esta acción de «es otro asalto a los derechos fundamentales y una utilización del sistema judicial como herramienta de represión», con el fin de «silenciar y castigar a las voces disidentes».
Dirigido por la Alta Representante Kaja Kallas, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha instado a las autoridades de Georgia a anular «inmediatamente» esta medida y ha recordado que las entidades civiles «no son enemigos del Estado, sino la columna vertebral del pluralismo democrático y la rendición de cuentas».
La oficina de Kallas ha resaltado el papel crucial de la sociedad civil georgiana en el proceso de acercamiento al bloque europeo durante años, y ha criticado la «represión creciente» en el país. Además, ha subrayado que atacar a las ONG «contradice los valores democráticos fundamentales y mina los principios básicos que se esperan de un país candidato» a la Unión Europea.
La Fiscalía georgiana ha defendido las restricciones impuestas a las ONG, argumentando que estas pagaron multas a manifestantes y adquirieron equipos de protección para apoyar a quienes se manifestaron en 2024 contra el liderazgo de Irakli Kobajidze.
Las manifestaciones fueron en parte provocadas por la decisión de Kobajidze de abandonar la ruta de integración a la Unión Europea y de alinearse más estrechamente con políticas pro-rusas.