La Unión Europea ha decidido alargar otros seis meses, hasta julio de 2026, el conjunto de sanciones económicas y comerciales que el bloque viene aplicando de forma progresiva al Gobierno de Vladimir Putin desde 2014, en respuesta a las distintas actuaciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión a gran escala del país en febrero de 2022.
El régimen sancionador incluye un abanico de medidas coercitivas que afectan a numerosos sectores: desde límites al comercio internacional hasta restricciones en materia de energía y finanzas, además de disposiciones que impactan en la industria tecnológica, en los bienes de doble uso civil y militar, en el transporte y en los productos de lujo.
Entre estas medidas figuran también sanciones específicas que vetan la importación o transferencia de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia hacia la UE, así como la desconexión de varios bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT.
El paquete prorrogado incluye igualmente la suspensión en la Unión Europea de las actividades de difusión y de las licencias de varios medios de desinformación respaldados por el Kremlin, junto con iniciativas concretas para combatir desde la UE los intentos de eludir las sanciones.
En un comunicado, el Consejo de la UE (gobiernos) subraya que, mientras continúen las “acciones ilegales” de Rusia que vulneran los principios esenciales del Derecho Internacional, la Unión considerará necesario mantener vigentes “todas las medidas” ya aprobadas por el bloque y adoptar decisiones “adicionales”, “si es necesario”.