Chile celebra este domingo la segunda vuelta de unas presidenciales fuertemente polarizadas entre dos proyectos opuestos: el del ultraderechista José Antonio Kast, que a la tercera tentativa podría instalarse en La Moneda, y el de la candidata progresista Jeannette Jara, que se impuso en la primera ronda gracias a la fragmentación del voto conservador.
Las encuestas y el clima político apuntan a que el veterano seguidor del dictador Augusto Pinochet, que “llegó a hacer campaña para que se mantuviera en el poder en el referéndum de 1988”, parte como claro favorito en esta segunda vuelta. El líder del Partido Republicano ha recibido un respaldo rápido y sin condiciones del resto de aspirantes de derechas que quedaron fuera en la cita de noviembre, un escenario distinto al de las elecciones de 2021.
Las candidaturas conservadoras –el libertario Johannes Kaiser, la tradicional Evelyn Matthei y el antisistema Franco Parisi– sumaron en la primera vuelta cerca de seis millones de papeletas de los trece millones de ciudadanos que acudieron a votar, con la economía, la seguridad y la inmigración como principales preocupaciones.
El eventual triunfo de Kast –“aplaudido ya en primera vuelta por presidentes de la región como el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña”– supondría el mayor giro político en Chile en décadas y se convertiría en uno de los ejemplos más visibles de la ola conservadora que avanza por América Latina.
La ‘mano dura’ como eje del programa de Kast
Los sondeos coinciden en que la principal incógnita es la diferencia con la que se impondría Kast y, por extensión, el margen político con el que contaría para aplicar un programa centrado en la “’mano dura’ para cuestiones de seguridad y migración y la bajada de impuestos”.
Kast, de 59 años, ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su discurso, focalizando en la llegada de ciudadanos venezolanos. Durante la campaña ha prometido deportaciones masivas, la creación de un cuerpo policial dedicado a la persecución de migrantes al estilo de Estados Unidos, el cierre de pasos fronterizos y la negativa a permitir el acceso de estas personas a servicios básicos.
En materia de seguridad interna, el candidato ha planteado levantar cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador –una referencia compartida por buena parte de los líderes conservadores de la región–, aumentar la presencia de policías y militares en zonas con fuerte implantación del crimen organizado y poner fin a los llamados “’narcofunerales’”, un fenómeno que se ha extendido en los últimos años.
En el plano económico, Kast propone una amplia rebaja de impuestos, nuevos recortes del gasto público y un retorno a las políticas de austeridad con las que aspira a ahorrar 5.000 millones de euros en su primer año de mandato, una previsión optimista para la que no ha concretado cómo evitar un impacto directo en derechos básicos como las pensiones.
Sin embargo, para sacar adelante estas reformas necesitará el apoyo de parte de un Congreso donde muchos parlamentarios de la derecha son de perfil moderado, lo que podría obligarle a matizar las propuestas más radicales si quiere tejer acuerdos estables.
Un panorama complejo para la izquierda de Jara
En el otro lado del espectro político, Jara, de 51 años y primera militante del Partido Comunista que aspira a la Presidencia, logró una victoria muy ajustada en la primera vuelta, con un 26 por ciento de los votos, lejos del 38 por ciento que obtuvo el proyecto de nueva Constitución en septiembre de 2022 y que habría permitido a las fuerzas progresistas afrontar este domingo con un escenario menos adverso.
La misma noche de su pase a la segunda vuelta, Jara se apresuró a incorporar a su discurso algunas de las propuestas de sus rivales, como “la devolución del IVA que promovía Parisi” o determinados puntos del programa de Matthei, en un intento de atraer a votantes de centro y de derecha moderada.
Pese a que varios de los principales logros del cuestionado mandato de Gabriel Boric llevan su firma como ministra de Trabajo –“la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de las pensiones”–, el fuerte desgaste del presidente, explotado por la oposición durante la campaña, ha terminado lastrando sus opciones.
En seguridad y control fronterizo, Jara también ha prometido inversiones millonarias, aunque con un enfoque distinto al de su rival: apuesta por programas de integración para la población extranjera, por atacar las finanzas del crimen organizado y por “levantar el secreto bancario para rastrear el dinero del narcotráfico”.
En el ámbito social, la candidata ha defendido la creación de un ingreso mínimo vital para apoyar a los hogares con menos recursos, intervenir en el precio de la electricidad, reducir las listas de espera en la sanidad pública y poner en marcha ayudas específicas para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.
El peso de los cinco millones de votantes ‘obligados’
Estas presidenciales están igualmente condicionadas por el aumento del censo efectivo tras la reforma aprobada por el Congreso en 2022, que convirtió en obligatorio acudir a las urnas. Si antes votaban entre siete y ocho millones de personas, desde la entrada en vigor de la nueva norma la participación supera los trece millones, como se vio en la primera vuelta.
En la jornada del 16 de noviembre, Jara y Kast concentraron aproximadamente la mitad de los sufragios. Ahora, la gran duda es qué harán los indecisos y cómo se comportarán esos cinco millones de chilenos que entonces acudieron a los colegios electorales “’obligados’, con la amenaza de multas de hasta 100 euros si no lo hacían”.
El perfil de este nuevo bloque de votantes sigue siendo difuso y difícil de anticipar, pero los analistas apuntan a que, por su tradicional desinterés en la política, podría inclinarse hacia opciones de derecha. Este segmento habría sido clave en los 2,5 millones de votos cosechados por el populista Franco Parisi, que dio la sorpresa al quedar tercero, rozando el 20 por ciento del apoyo.
Desde que el Parlamento aprobó el voto obligatorio en 2022, se han celebrado cinco procesos electorales –incluida la primera vuelta de estas presidenciales– y en todos ellos alrededor de trece millones de ciudadanos han depositado su papeleta, de un total de 15,7 millones inscritos automáticamente en el padrón.











