El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pidió este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que traslade a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, con el fin de impulsar medidas que respalden al Gobierno mexicano en la prevención, investigación, sanción y eliminación de este delito, que, según ha alertado, podría llegar a constituir “crímenes de lesa humanidad”.
El organismo ha concluido que existen “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad”, en un contexto de “ataques generalizados o sistemáticos” contra la población civil en distintas regiones del país, de acuerdo con una nota de prensa.
“La magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación”, ha señalado el comité, que ha hecho hincapié en el “continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país”. En este sentido, ha precisado que “se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados”.
El presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, Juan Albán-Alencastro, ha recordado que el Derecho Internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se ejecuten en todo el territorio nacional ni que sean dirigidos desde las más altas instancias del Estado. Ha recalcado que “lo que importa” es “la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
El comité ha reconocido algunas medidas impulsadas por las autoridades mexicanas en los últimos años, pero ha constatado que la situación “no ha mostrado una mejora sustancial” y que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis”. Por ello, insiste en la “urgencia” de acometer “reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.
En consecuencia, ha llamado a la Asamblea General a valorar la adopción de iniciativas que aseguren “la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.
El comité también ha planteado la creación de un “mecanismo eficaz” que permita esclarecer la verdad de los hechos y ofrecer apoyo y protección a las familias, colectivos y defensores que buscan a las personas desaparecidas.
Reacción del Gobierno mexicano y críticas al informe
Tras hacerse público el informe, el Gobierno de México lo ha rechazado, calificándolo de “tendencioso” y reprochando que no se hayan tomado en cuenta las últimas “actualizaciones” que, según sostiene, fueron remitidas por el Ejecutivo federal.
“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 --administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto-- y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”, ha indicado el Ejecutivo en un comunicado. En el mismo texto ha añadido que el documento “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”.
En esa línea, el Gobierno ha reiterado que México “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y ha destacado que se ha puesto en marcha una “reforma legislativa e institucional en coordinación con colectivos de familiares para atender este flagelo”. Sin embargo, considera que el comité no ha “considerado debidamente” una serie de cambios normativos aprobados en julio de 2025.
Entre estas reformas, el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum menciona la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda, el refuerzo del Banco Nacional de Datos Forenses, la obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte de desaparición y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante más especialistas y equipamiento.
Por último, el Gobierno ha subrayado que México mantiene una “política de cooperación cotidiana” con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y se ha declarado “abierto a la cooperación técnica internacional”, siempre que no se base “a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.