El Comité Nacional Sirio encargado de investigar la ola de violencia sectaria desatada en julio de 2025 en la gobernación de Sueida, en el suroeste del país, donde perdieron la vida cerca de 1.800 personas, ha concluido en su informe final presentado este martes que se produjeron "graves violaciones de los Derechos Humanos".
"Con base en testimonios, pruebas digitales, documentos revisados e inspecciones sobre el terreno, el comité concluyó que los sucesos ocurridos en la provincia de Sueida en julio de 2025 constituyeron graves violaciones de los Derechos Humanos", ha declarado el comité durante una comparecencia ante los medios con motivo de la entrega del documento definitivo al ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais.
El organismo, constituido por las autoridades de transición, ha enumerado entre los delitos detectados "asesinatos, asesinatos intencionados, saqueos armados, destrucción e incendio de viviendas y comercios, tortura, insultos sectarios e incitación a la violencia sectaria".
Asimismo, ha fijado en 1.760 el balance total de fallecidos y en 2.188 el de heridos "de todos los bandos" en el contexto de los choques entre comunidades beduinas y drusas, a los que se sumó la intervención de fuerzas de seguridad vinculadas al Gobierno central.
No obstante, el comité ha reconocido que no ha sido posible determinar con precisión el número definitivo de desaparecidos "debido a la falta de información por parte de todos los implicados y a la imposibilidad de acceder a la ciudad de Sueida", por lo que únicamente se han podido registrar 60 desaparecidos pertenecientes a tribus locales de la provincia y 30 vinculados al Ministerio de Defensa.
El informe documenta igualmente ataques contra al menos 36 municipios, con incendios y actos de vandalismo dirigidos a viviendas y lugares religiosos, además de acciones de represalia contra comunidades beduinas y drusas.
En relación con la controvertida actuación del Ejército y de las fuerzas de seguridad dependientes de Damasco, el comité ha indicado que estas "intentaron impedir que los combatientes tribales llegaran a Sueida, pero no lo consiguieron debido a su gran número", aunque ha precisado, basándose en "múltiples testimonios", que "las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada de grupos tribales a Sueida y los obligaron a regresar tras llegar a Damasco".
El organismo investigador ha explicado que ha confeccionado un listado de sospechosos pertenecientes a instituciones estatales, formaciones armadas y población civil, cuyos datos han sido remitidos a las instancias judiciales competentes para que se inicien los correspondientes procesos penales.
Por otro lado, el comité ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Ahmed al Shara para esclarecer las "violaciones", entre ellas la propia creación del comité, integrado por siete miembros --cuatro jueces, dos abogados y un general de brigada, según el decreto del Minsiterio de Justicia sirio--, y ha instado a las autoridades a proseguir con estas actuaciones "de manera transparente e independiente (...) para fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la impunidad".
"Subrayamos la necesidad de implementar las recomendaciones del informe para garantizar justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores, reforzando el principio de no impunidad y previniendo futuras violaciones", ha remachado el organismo.