Un informe elaborado por la comisión constituida por el Gobierno de Nepal para aclarar las protestas violentas de septiembre de 2025, que desembocaron en la caída del Ejecutivo, propone que el ex primer ministro Sharma Oli y varios antiguos altos cargos respondan ante la Justicia por las casi 80 muertes registradas durante aquellas movilizaciones.
El documento, filtrado a los medios, aboga por iniciar actuaciones contra el exmandatario por su supuesta implicación en los fallecimientos ocurridos en las marchas encabezadas por jóvenes y estudiantes que tomaron las calles tras la aprobación de una norma que vetaba el acceso a las principales redes sociales.
Según el texto, el entonces ministro del Interior, Gokarna Mani Dawadi, el jefe de la Policía, Raju Aryal, y el exresponsable del Departamento de Investigación Nacional, Hutaraj Thapa, entre otros, también deberían ser llevados ante los tribunales en virtud de lo previsto en el Código Penal, tal y como informa el diario nepalí “The Kathmandu Post”.
Oli, que ha ocupado el cargo de primer ministro en cuatro mandatos, perdió el poder en los últimos comicios frente a Palendra Shah, rapero y dirigente del Partido Rastriya Sawatantra, que logró una amplia mayoría tras prometer la expulsión de la “élite tradicional” y una ofensiva contra la corrupción.
Las conclusiones de esta comisión han empezado a difundirse en varios medios nacionales justo antes de la sesión en la que jurarán su escaño los nuevos parlamentarios, prevista para este jueves. Shah, exalcalde de Katmandú, asumirá el puesto que hasta ahora ejercía en funciones Sushila Karki tras la salida de Oli.
El informe —promovido por el Ejecutivo interino— detalla que el Ejército de Nepal disponía de avisos previos que sugerían que las protestas del 8 de septiembre podían derivar en episodios de violencia.
El propio Oli, llamado a declarar sobre lo ocurrido, recordó que, como presidente del Consejo de Seguridad Nacional durante las manifestaciones, “tenía la autoridad para convocar una reunión y emitir directivas”. “Sin embargo, la prioridad del Gobierno era garantizar un uso mínimo de la fuerza y evitar bajas”, aseguró.
Al mismo tiempo, sostuvo que los ataques contra las instalaciones de las “tres ramas del Gobierno” durante las marchas “fueron actos premeditados”. Tras su dimisión en el segundo día de movilizaciones, los disturbios se dirigieron contra edificios oficiales, incluida la sede del Tribunal Supremo y el Parlamento.
Las estimaciones elevan a 77 el número de fallecidos en aquellas protestas, mientras que el Gobierno calcula en millones las pérdidas económicas ocasionadas tanto a propiedades privadas como a bienes del Estado.