Un juez federal argentino ha dejado sin efecto el denominado protocolo antipiquetes, aprobado en diciembre de 2023 por la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich. La exresponsable del área ha vuelto a respaldar la normativa, al igual que su sucesora, Alejandra Monteoliva, y el propio Ministerio de Seguridad, que ya ha avanzado que recurrirá el fallo.
El magistrado federal Martín Cormick ha declarado nulo el reglamento al considerar que presenta deficiencias en su formalización. En su resolución, ha señalado que “las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad” en el marco del protocolo “deberán --de modo individual-- denunciar ante la Justicia penal” dichas actuaciones, según ha informado la cadena Todo Noticias al difundir el dictamen.
La decisión judicial responde a una demanda presentada por la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La organización ha celebrado en la red social X que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”.
“En este proceso para pedir la inconstitucionalidad del protocolo se presentaron sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y muchos más. Es un triunfo colectivo”, ha destacado el CELS, subrayando el respaldo de un amplio abanico de actores sociales.
Por su parte, el Gobierno de Javier Milei ha expresado su rechazo al fallo y ha confirmado que interpondrá un recurso. En un comunicado, el Ministerio de Seguridad ha advertido que “sin Protocolo vuelve el caos”.
“El protocolo es legítimo. Tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo porque es la herramienta que devolvió orden, previsibilidad y paz social”, ha sostenido la cartera, que reivindica la normativa al considerar que “permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar”.
En la misma nota, el Ministerio ha insistido en que esta regulación “no prohíbe, ordena”, y ha remarcado que “hay derecho a manifestar, pero con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio”.
La actual ministra, Alejandra Monteoliva, ha atribuido el fallo a “la vieja política” en un mensaje en X en el que, en línea con el comunicado oficial, afirma que Seguridad no dará “un paso atrás” en esta materia.
La resolución tampoco ha sido bien recibida por la principal impulsora del protocolo antipiquetes, la senadora Patricia Bullrich, que en X ha reiterado el mismo lema utilizado por Monteoliva. Además, ha acusado al juez Cormick de situarse “siempre (...) contra el Gobierno” y ha sostenido que su decisión perjudica a “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.