Un magistrado federal de Estados Unidos ha concluido este jueves que el Departamento de Defensa ha incumplido una orden judicial al retirar a los periodistas acreditados de las instalaciones del Pentágono. La decisión se produce tras la sentencia derivada de la demanda presentada por el diario “The New York Times”, que dejó sin efecto la estricta normativa de acceso a los medios adoptada en octubre de 2025 y que había forzado la salida de decenas de reporteros de algunos de los principales medios estadounidenses de la sede del Departamento que encabeza Pete Hegseth.
“El Departamento ha respondido a la instrucción expresa del Tribunal de devolver las Credenciales Alternativas para las Instalaciones del Pentágono (PFAC, por sus siglas en inglés) que tenían los periodistas de 'The (New York) Times' y restablecer el acceso al Pentágono que conllevaban dichas credenciales, restringiendo en cambio ese acceso a todos los periodistas”, ha señalado el juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en un escrito de opinión de 20 páginas al que ha tenido acceso Europa Press.
En ese documento, Friedman sostiene que “esta respuesta desobedece las directivas explícitas del Tribunal e ignora los principios constitucionales que sustentan su opinión”. Por ello, al término de su resolución adelanta que la corte emitirá una orden que obliga a un alto cargo del Pentágono con conocimiento directo de la situación a firmar, antes del 16 de abril, una declaración jurada en la que detalle las actuaciones realizadas para acatar el fallo que dejó sin efecto las limitaciones impuestas a la prensa.
A lo largo de su argumentación, el juez rechaza la denominada “política provisional” promovida por el Departamento de Defensa bajo la dirección de Pete Hegseth. Dicha política, anunciada el 23 de marzo, ordenaba el cierre del histórico corredor de corresponsales, un espacio utilizado durante décadas por los periodistas para seguir la actualidad del Pentágono, y trasladaba a los medios a un anexo situado fuera del edificio principal que, según se indicó, “estará disponible cuando esté listo”.
Para Friedman, esta medida supuso “un lenguaje ligeramente diferente para lograr el mismo resultado inconstitucional”. “La restricción de los derechos de la primera enmienda es peligrosa en cualquier momento, y aún más en tiempos de guerra”, ha subrayado el magistrado, que ha alertado de que “la supresión de la libertad de expresión política es propia de una autocracia, no de una democracia”.
El juez también ha cargado contra “el intento del secretario de Defensa de dictar la información que recibe el pueblo estadounidense, de controlar el mensaje para que el público solo escuche y vea lo que el Secretario y la Administración (de Donald) Trump quieren que escuche y vea”.
“La Constitución exige algo mejor. El pueblo estadounidense también lo exige”, ha remachado Friedman, antes de remarcar que el tribunal ha recibido en las últimas semanas “decenas de cartas y postales de gente de a lo largo del país explicando lo que la primera enmienda significa para ellos”.