Internacional

Un juez de EEUU frena la expulsión de uno de los cinco europeos sancionados por Trump

Un juez de Nueva York suspende la deportación del activista británico Imran Ahmed, uno de los cinco europeos sancionados por la Administración Trump.

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Un árbol de Navidad en el Rockefeller Center de Nueva York, en Estados Unidos Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire / DPA

Un árbol de Navidad en el Rockefeller Center de Nueva York, en Estados Unidos Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire / DPA

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Un juez de Estados Unidos ha decidido suspender de manera provisional el procedimiento de deportación contra el fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, el activista británico Imran Ahmed. Se trata de uno de los cinco ciudadanos europeos a los que el Gobierno de Donald Trump ha prohibido la entrada al país esta misma semana por su supuesto papel en el impulso de la censura sobre plataformas digitales estadounidenses.

El magistrado del distrito sur de Nueva York, Vernon S. Broderick, ha resuelto a favor de Ahmed, que ejerce como director ejecutivo de la citada ONG, después de que su equipo legal interpusiera una demanda contra la Administración Trump ante el riesgo de que fuera deportado y separado de su esposa e hijo, ambos con pasaporte estadounidense.

De acuerdo con los escritos judiciales a los que ha tenido acceso la cadena británica BBC, el juez ha establecido que Ahmed, que vive actualmente en Nueva York junto a su familia, no podrá ser arrestado ni posteriormente expulsado del país hasta que los tribunales estadounidenses analicen en detalle su caso.

La decisión llega días después de que el Ejecutivo de Trump anunciara restricciones de visado para cinco ciudadanos europeos, entre los que figuran Ahmed; el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas pertenecientes a HateAid.

El Departamento de Estado sostiene que “estos activistas radicales y ONG politizadas han impulsado medidas represivas de censura por parte de Estados extranjeros dirigidas contra estadounidenses”, por lo que ha concluido que su presencia en territorio estadounidense “tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país”.

Las medidas contra estos ciudadanos europeos, y en particular contra Breton, desencadenaron una fuerte oleada de críticas por parte de la Comisión Europea y de gobiernos como los de Francia y España, que subrayaron que su labor se centra en representar a “organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio”.