Un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado este miércoles que la política del Departamento de Seguridad Nacional que autorizaba a las autoridades migratorias a expulsar a extranjeros hacia terceros países --distintos a los suyos de origen-- sin aviso previo ni posibilidad de objeción es contraria a la ley.
“La política de deportación a terceros países (...) es ilegal”, ha considerado el juez de distrito de Massachusetts Brian Murphy, que ha dejado “sin efecto dicha política”, fallando así a favor de un grupo de extranjeros que presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad nacional.
En su resolución, el magistrado establece que Seguridad Nacional, antes de ejecutar una deportación a un tercer país, deberá “solicitar primero la expulsión al país de expulsión designado” por la persona afectada “o al país o países alternativos” que señale, además de al país o países de nacionalidad del individuo.
Al mismo tiempo, las personas que se enfrenten a una expulsión a cualquier país “tienen derecho” a una “notificación significativa” previa, así como a una oportunidad para “presentar una reclamación específica por país contra la expulsión”.
No obstante, la decisión judicial queda “suspendida hasta quince días” para permitir la presentación de recursos, como el que se prevé por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que en un comunicado recogido por la cadena CBS ha recordado que “el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente”.
La Administración de Donald Trump “tiene la autoridad constitucional para expulsar a estos inmigrantes ilegales delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional”, ha alegado la cartera de Kristi Noem, que ha reclamado “su autoridad legal” para “expulsar a los inmigrantes ilegales a un país dispuesto a aceptarlos”.