Un tribunal federal de Estados Unidos ha sentenciado este viernes que la última y más restrictiva normativa del Pentágono sobre las acreditaciones de prensa para entrar en sus instalaciones vulnera la Constitución. La decisión respalda la demanda presentada por el diario “The New York Times”, que acudió a los tribunales “para preservar y defender estos principios frente a acciones excesivamente celosas por parte del Secretario de Defensa y del Departamento que dirige”.
Al comenzar su dictamen, el magistrado del distrito de Columbia, Paul Friedman, recuerda que “uno de los objetivos principales de la Primera Enmienda es permitir que la prensa publique lo que desee y que el público lea lo que elija, sin ningún tipo de prohibición oficial. Quienes la redactaron creían que la seguridad de la nación requiere una prensa libre y una ciudadanía informada, y que dicha seguridad se ve amenazada por la represión gubernamental del discurso político. Ese principio ha preservado la seguridad de la nación durante casi 250 años. No debe abandonarse ahora”.
En una resolución de 40 páginas, Friedman destaca que la protección de la actividad periodística adquiere una relevancia especial en el momento actual, marcado por la reciente incursión de Estados Unidos en Venezuela y por una guerra en marcha contra Irán. En este escenario, razona que “es más importante que nunca que el público tenga acceso a información desde una variedad de perspectivas sobre lo que está haciendo su Gobierno”.
Solo de este modo, sostiene la sentencia, puede un ciudadano “apoyar las políticas gubernamentales, si desea apoyarlas; protestar, si desea protestar; y decidir, basándose en información plena, completa y abierta, a quién va a votar en la próxima elección”.
El fallo se centra en el sistema de acreditaciones de prensa del Pentágono (PFAC, por sus siglas en inglés), indispensable para que los profesionales de los medios puedan acceder al edificio. Entre los beneficiarios de estas credenciales se encuentra “The New York Times”, cuyos reporteros han trabajado “regularmente durante más de 40 años en el Pentágono”, según recuerda el propio juez.
En opinión de Friedman, la “presencia constante” de periodistas en la sede del Departamento de Defensa “ha permitido y mejorado la capacidad (...) para informar sobre el Departamento y su liderazgo durante algunos de los momentos más trascendentales de la historia estadounidense”, algo que, a su juicio, ha incrementado “la profundidad, el detalle, la calidad y la exactitud” de las informaciones sobre asuntos de seguridad nacional.
La resolución supone un serio revés para la línea de comunicación oficial adoptada por Washington desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La Justicia federal concluye que las modificaciones introducidas por el Departamento de Defensa el año pasado otorgaban al Pentágono un margen excesivo para silenciar a informadores y cabeceras cuyas coberturas resultaban incómodas, chocando así con las garantías constitucionales de libertad de expresión y de debido proceso.
A lo largo de 2025, sin embargo, el Ejecutivo estadounidense negó una y otra vez estas acusaciones, defendiendo su estrategia como “razonable y necesaria para la seguridad nacional”.
Ese mismo año, el Departamento de Defensa elevó de forma notable las exigencias para que la prensa pudiera moverse por el Pentágono, mediante una batería de disposiciones que acabaron alterando de forma sustancial la composición del grupo de periodistas acreditados. En mayo se aprobaron las nuevas “Medidas actualizadas de control físico para el acceso de prensa/medios dentro del Pentágono”, que limitaron el paso a determinadas áreas del complejo.
Entre otras restricciones, se vetó a los informadores acercarse a las inmediaciones de la oficina del secretario y se impuso la obligación de ir acompañados por personal oficial para entrar en otras zonas. De acuerdo con el propio texto, estas restricciones eran “necesarias para reducir las oportunidades de divulgaciones presenciales inadvertidas y no autorizadas”.
Cuatro meses después, en septiembre, este esquema se reforzó con otra normativa que obligaba a quienes disponían de credenciales PFAC a suscribir un documento de cumplimiento, con nuevas cláusulas de seguridad y condiciones de acceso. El Departamento no aportó, no obstante, ningún episodio concreto que explicara la necesidad de este endurecimiento. Además, se habilitó la posibilidad de “denegar, revocar o no renovar” las acreditaciones si se estimaba que el profesional representaba un “riesgo”, incluyendo supuestos como “intentos de obtener indebidamente” información o la “posesión física” de material sin notificarlo.
El giro se hizo aún más visible a partir de mediados de octubre de 2025, cuando el portavoz Sean Parnell presentó “la próxima generación del cuerpo de prensa del Pentágono”.
Parnell elogió a los nuevos medios que aceptaron las condiciones fijadas por el Departamento, al afirmar que “eluden las mentiras de los medios tradicionales y llevan noticias reales al pueblo estadounidense”, y sostuvo que su “alcance e impacto” serían superiores y más equilibrados que los de “los medios engreídos que optaron por autoexpulsarse del Pentágono”, según recoge el auto de Friedman.
De acuerdo con el documento judicial, los nuevos titulares de acreditaciones pasaron a ser, en la práctica, periodistas y medios alineados ideológicamente con la Administración Trump, consolidando un entorno informativo mucho más afín al Gobierno dentro del Pentágono.