Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha concluido que el Gobierno de Donald Trump vulneró la ley al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) concedido a ciudadanos de Venezuela y Haití en dos decisiones adoptadas en 2025.
El pronunciamiento, emitido por un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, determina que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus competencias cuando acordó cancelar esta protección en junio para Haití y en septiembre para Venezuela. Así se recoge en la resolución firmada en las últimas horas del miércoles y difundida este jueves por varios medios, entre ellos CNN.
“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso (responsable de la autorización del TPS), y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el Estatus de Protección Temporal de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, manifestaron los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, confirmando así una sentencia previa de un tribunal inferior y recurrida por las autoridades.
En la misma línea, los jueces subrayan que “las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”.
En total, unos 600.000 venezolanos y alrededor de medio millón de haitianos se han visto afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal, una medida enmarcada en la restrictiva política migratoria impulsada por la Administración Trump.