Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dejado sin efecto una resolución previa de una corte inferior que había autorizado la puesta en libertad del activista propalestino Mahmoud Khalil, lo que supone un respaldo a la Administración Trump en su intento de deportar a este estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia.
Un panel compuesto por tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos determinó este jueves que la corte de distrito de Nueva Jersey “carece de jurisdicción” sobre el caso de Khalil conforme a la legislación migratoria, después de que su equipo legal presentara un recurso de 'habeas corpus' que fue estimado por un juez el pasado mes de junio.
En aquella resolución, el juez federal del distrito de Nueva Jersey Michael Farbiarz se pronunció a favor del activista al concluir que se estaba vulnerando su derecho a la libertad de expresión y que su arresto fue “poco usual”, al amparo de una disposición raramente empleada que concede facultades al secretario de Estado, Marco Rubio, para detener a cualquier persona considerada una amenaza para los intereses de Estados Unidos.
Farbiarz sostuvo igualmente que Khalil no suponía un peligro para el país ni existía riesgo de fuga. La Administración Trump recurrió dicha decisión, defendiendo que la competencia para resolver su situación correspondía a un juez de inmigración y no a un tribunal federal ordinario.
Khalil, nacido en Siria e hijo de padres palestinos, salió en junio del centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, donde se encontraba desde marzo tras ser arrestado en el contexto de las protestas contra la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza.
De forma paralela, la jueza de inmigración de Luisiana Jamee Comans dictó una orden de deportación a Siria o Argelia —pese al pronunciamiento de Farbiarz—, alegando que el activista había omitido datos en su solicitud para obtener la residencia y el permiso de trabajo permanente en Estados Unidos. La defensa de Khalil también ha impugnado esta orden ante las instancias correspondientes.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que actúa como representante legal de Khalil, señaló que la decisión emitida este jueves por el tribunal federal de apelaciones “no entra en vigor de inmediato y que la Administración Trump no puede volver a detener” al activista hasta que la orden sea efectiva.
“Si bien se ha abierto la puerta a una posible nueva detención en el futuro, no ha cerrado nuestro compromiso con Palestina, la justicia y la rendición de cuentas”, manifestó el propio Khalil en un comunicado difundido por el CCR.
El activista, que ha calificado el fallo de “decepcionante”, ha reiterado que continuará batallando “por todas las vías legales” y “con toda su determinación” hasta que sus derechos y los de otras personas como él “estén plenamente protegidos”.
En la misma línea, el subdirector legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Bobby Hodgson, criticó que la corte, “al no abordar las violaciones de la Primera Enmienda que son el núcleo de este caso, socava el papel que deben desempeñar los tribunales federales para prevenir flagrantes violaciones constitucionales.
“El Gobierno de Trump violó la Constitución al atacar a Mahmoud Khalil, deteniéndole a miles de kilómetros de su hogar y tomando represalias contra él por su discurso. La disidencia no justifica la detención ni la deportación, y seguiremos buscando todas las vías legales para garantizar que se respeten sus derechos”, añadió.
Khalil, residente permanente en Estados Unidos y con esposa e hijos de nacionalidad estadounidense, pasó más de tres meses en un centro de detención en Luisiana acusado de respaldar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de las protestas propalestinas.