Un tribunal de la ciudad neerlandesa de Zwolle ha dictado este martes una pena de 20 años de prisión contra un hombre acusado de tráfico de personas, extorsión y pertenencia a una organización criminal, al considerar probado que dirigía una red que facilitaba la llegada de personas migrantes a Europa a través del Mediterráneo a cambio de dinero.
La corte ha subrayado la “terrible naturaleza” de los hechos por “menoscabar la política migratoria neerlandesa y europea”, además del “trato particularmente cruel, violento y degradante al que el acusado y sus cómplices sometieron a los migrantes”. En la sentencia también se le obliga a abonar más de 30.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas.
De acuerdo con la investigación, el condenado organizó y ordenó reunir a migrantes en “condiciones atroces y retenidos en almacenes en Libia”, donde “cientos de ellos fueron retenidos y sometidos a abusos, extorsión y hambre” mientras se les forzaba a llamar a sus familiares para exigirles dinero para financiar el viaje hacia el continente europeo.
“Solo cuando el viaje a Europa estaba pagado, el migrante podía abandonar el lugar y continuar su viaje. El abuso era a menudo perpetrado por cómplices del condenado. Entre las víctimas también había niños y mujeres embarazadas”, reza un comunicado.
La sentencia detalla igualmente que la red de contrabando que encabezaba el acusado se encargaba de preparar embarcaciones en el norte de Libia para la travesía del Mediterráneo hacia Europa: “Se trataba de botes de goma o de madera, a menudo sobrecargados, con fugas e inservibles”.
“En muchos casos, las abandonaban en el mar sin motor y carecían de chalecos salvavidas (seguros), mientras que la mayoría de migrantes no sabía nadar”, ha señalado el tribunal, antes de añadir que los relatos recabados muestran que los migrantes “estaban aterrorizados” tanto durante su estancia en Libia como a lo largo del trayecto marítimo.
La Fiscalía informó a finales de 2025 que un total de siete sospechosos habían sido procesados en esta causa. El principal condenado fue extraditado desde Etiopía en 2022, país en el que ya había cumplido una pena previa por trata de personas en África.