Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha acordado este miércoles dejar sin efecto, de manera temporal, las limitaciones impuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus actuaciones frente a manifestantes en Minnesota. Esta decisión llega pocos días después de que una jueza federal determinara que los agentes no podían tomar represalias, arrestar ni detener a quienes participaran en protestas pacíficas.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito, con sede en St. Louis, Missouri, ha atendido la petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y ha ordenado suspender administrativamente el mandato anterior mientras el propio tribunal estudia si anula por completo el fallo, una medida reclamada igualmente por la Administración de Donald Trump, según recogen los documentos judiciales consultados por Europa Press.
En su resolución inicial, la jueza de distrito Katherine Menendez establecía que “se prohíbe a los agentes federales tomar represalias contra personas que participen en protestas pacíficas y sin obstrucciones, incluyendo la observación de las actividades de la Operación 'Metro Surge'”, denominación oficial del despliegue antimigratorio puesto en marcha por el Gobierno estadounidense en Minnesota.
El auto también impedía al ICE “arrestar o detener a personas que participen en protestas pacíficas y sin obstrucciones”, incluida la citada operación, “en represalia por su conducta protegida y sin que se demuestre causa probable o sospecha razonable de que la persona ha cometido un delito o está obstruyendo o interfiriendo con las actividades de los agentes”, además de vetar a los funcionarios federales “usar gas pimienta o municiones no letales similares y herramientas para dispersar a multitudes (...) en protestas pacíficas”.
La magistrada, asimismo, prohibía de forma expresa a los agentes del ICE “parar o detener a conductores y pasajeros de vehículos cuando no exista una sospecha razonable y articulable de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza” en las operaciones, precisando que “el hecho de seguir con seguridad a agentes federales a una distancia apropiada no crea, por sí solo, una sospecha razonable que justifique detener un vehículo”.
Frente a estas restricciones, el director interino de la oficina del ICE en St. Paul, David Easterwood, sostuvo en la apelación del Departamento de Seguridad Nacional que limitar el uso de dichas tácticas sería “inviable, innecesario y pondría en mayor peligro la seguridad de las fuerzas del orden y del público”, pese a que la jueza Menendez circunscribía su orden a las concentraciones pacíficas.
El responsable del ICE en la zona defendió además el empleo de recursos como gas lacrimógeno y granadas aturdidoras en el “control de multitudes” y argumentó que “si se da una orden de dispersión y las personas no cumplen con esta directiva, pueden estar sujetas al uso necesario y razonable de la fuerza, incluyendo el uso de municiones de impacto cinético o químicas, o dispositivos de distracción”. “Quienes no se dispersan al recibir la orden se identifican como una amenaza potencial para las fuerzas del orden”, remachó.
Las intervenciones del ICE en Minnesota han generado numerosas polémicas, que abarcan desde redadas en inmuebles y domicilios hasta detenciones durante protestas y el uso de gases lacrimógenos contra concentraciones en las que había menores, incluso un bebé. El episodio más controvertido ha sido la muerte por disparos de la ciudadana estadounidense Renee Good a manos de un agente del servicio, una actuación respaldada tanto por Noem como por Trump, aunque este último calificó el suceso de “horrible” tras saber este miércoles que el padre de la fallecida era simpatizante suyo.