Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha determinado que Rusia ha perpetrado “crímenes contra la humanidad” al llevar a cabo la deportación y el traslado forzoso de más de un millar de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.
“Las pruebas reunidas llevan a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños”, señala el informe de 17 páginas de la comisión independiente de investigación sobre Ucrania al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento sostiene igualmente que las autoridades rusas han “deportado y trasladado niños ilegalmente” a zonas bajo control de Moscú, lo que constituye un crimen de guerra, y que además han demorado sin justificación su regreso, conducta que también se considera un “crimen de guerra”.
En el informe se recoge que se ha constatado la deportación o el traslado forzoso de hasta 1.205 menores —de entre 11 meses y 17 años— hacia territorios controlados por Moscú en cinco provincias ucranianas, así como al propio territorio de Rusia y a otras áreas “ocupadas” en Ucrania.
“Las deportaciones y traslados afectaron a niños que perdieron su padres o fueron separados de ellos en el contexto de las hostilidades en curso o estaban en orfanatos. Las autoridades rusas los deportaron o trasladaron primero a centros de tránsito en la Federación de Rusia o en las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania”, precisa el texto.
Según la comisión, estos movimientos se realizaron en “autobuses, trenes o aviones” y fueron presentados por las autoridades rusas como “evacuaciones” motivadas por los peligros de la guerra. No obstante, el organismo recuerda que “el Derecho Humanitario exige que las evacuaciones sean temporales y se realicen por razones imperiosas de salud, tratamiento médico o seguridad”.
“Cuatro años después, el 80% de los niños deportados o trasladados en los casos investigados por la Comisión no han regresado (a sus lugares de origen). Las autoridades rusas no han establecido un sistema que facilite los retornos”, indica el informe, que añade que muchos de estos menores han recibido la ciudadanía rusa y figuran en bases de datos de adopción en territorio controlado por Moscú.
Política orquestada desde la cúpula del Estado ruso
El informe detalla que los traslados responden a una política “ejecutada al más alto nivel del aparato estatal”, en la que las instrucciones directas del presidente Vladimir Putin a las instituciones implicadas “han sido visibles desde el principio”.
En este contexto, las autoridades rusas han impulsado y coordinado “medidas legislativas, administrativas y prácticas” para facilitar los traslados, actuando en “diferentes niveles”, con desplazamientos a las provincias ocupadas de Ucrania, visitas a centros de acogida y reuniones de coordinación entre distintos organismos gubernamentales rusos.
Durante estos encuentros, las autoridades de Donetsk y Lugansk modificaron sus marcos legales y los procedimientos vigentes para permitir la colocación de niños deportados de Ucrania en familias rusas. Los traslados suelen realizarse en presencia de funcionarios rusos, “en un ambiente festivo”, y reciben una amplia cobertura de los medios de comunicación estatales.
Entre los ejemplos citados por la comisión figuran unas palabras de Putin en una reunión con jefes de delegaciones de Estados africanos en junio de 2023, cuando el mandatario sostuvo que las evacuaciones de orfanatos se llevaron a cabo “legalmente” porque los directores eran los “tutores legales” de los menores.
“En los casos documentados, las autoridades rusas no solicitaron el consentimiento de los directores de las instituciones nombrados por el Gobierno ucraniano. En lugar de ello, se basaron en el consentimiento de las autoridades locales o directores que cooperaban con ellos”, expone el informe, que añade que en dos instituciones del óblast de Jersón las autoridades destituyeron a sus directores por negarse a colaborar y los sustituyeron por otros responsables que sí autorizaron las deportaciones o traslados.
La comisión subraya además que las autoridades rusas no comunicaron de forma adecuada a padres, tutores legales o familiares el destino y la localización de los menores, lo que llevó a muchos de ellos a emprender por su cuenta la búsqueda de sus hijos o parientes.
El texto apunta también que las devoluciones se han producido tras “obstáculos, retrasos, y riesgos para la seguridad”. “Después de cuatro años, muchas familias siguen buscando a sus hijos y intentar asegurar su regreso. Esto lleva a una larga separación y sufrimiento”, recoge el documento.
“Las familias de niños que fueron deportados o transferidos también informaron casos de adoctrinamiento. Algunos de los niños que regresaron dijeron que se vieron obligados a escuchar el himno nacional ruso todos los días y que si no lo hacían esto daba lugar a amenazas y presión psicológica”, añade la comisión.
Metodología y alcance de la investigación
Para elaborar sus conclusiones, la comisión ha llevado a cabo 232 entrevistas con padres, tutores, menores afectados y otros familiares, además de expertos, periodistas de investigación, representantes de autoridades gubernamentales y personal de las instituciones implicadas.
Asimismo, el equipo investigador ha analizado más de 2.000 documentos, entre ellos listados de instituciones afectadas y de niños deportados, documentación de identidad de menores, 41 documentos oficiales emitidos por autoridades rusas o por autoridades “de facto” en territorios ucranianos ocupados, así como contenidos publicados en páginas web gubernamentales y bases de datos públicas, entre otros materiales.