Una jueza federal de Estados Unidos ha dictado este jueves que la Hacienda estadounidense deje de facilitar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las direcciones de los contribuyentes, al considerar que esta práctica podría vulnerar el derecho a la privacidad de estas personas, y ha bloqueado además que el ICE siga utilizando los datos que ya obran en su poder.
“El tribunal considera que se justifica la prohibición preliminar del uso por parte del ICE de las direcciones de los contribuyentes proporcionadas por el (Servicio de Impuestos Internos) IRS”, reza el fallo de la jueza de distrito de Massachusetts Indira Talwani. En la misma resolución, la magistrada ordena que “se suspendan y se anulen preliminarmente” los acuerdos de intercambio de información entre las dos agencias.
En coherencia con esta decisión, la jueza ha vetado al Departamento de Seguridad Nacional y a su responsable, la secretaria Kristi Noem; al ICE y a su director interino, Todd Lyons, así como a los agentes implicados, “inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, basarse en o actuar de cualquier otra manera sobre la base de cualquier información” obtenida de o facilitada por el IRS. Como efecto práctico de la orden, el ICE “deberá proporcionar una copia de la orden a la persona cuyo ordenador de propiedad gubernamental contenga” dicha información en un plazo máximo de cinco días naturales.
Talwani se convierte así en la segunda jueza federal que suspende de forma temporal el acuerdo de intercambio de datos entre la agencia tributaria y el ICE. Ya en noviembre, la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly concluyó que dicho acuerdo infringía una ley de confidencialidad del contribuyente, en el marco de una demanda interpuesta por la organización civil Centro para los Derechos del Contribuyente.
En aquella ocasión, Kollar-Kotelly también prohibió que el secretario del Tesoro, Scott Bessent --comisionado interino del IRS--, suministrara información de contribuyentes al Departamento de Seguridad Nacional, salvo que el destinatario de esos datos estuviera implicado en una investigación penal ajena al ámbito tributario. Ambas resoluciones se refieren a un acuerdo entre las agencias que permitió que el 7 de agosto de 2025 la Hacienda estadounidense trasladara información de cerca de 47.000 personas.