Una jueza federal de Estados Unidos ha frenado este lunes a la Administración de Donald Trump en su intento de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 350.000 migrantes haitianos, apenas unas horas antes de que expirara su protección frente a la deportación, tal y como había ordenado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Es probable que los demandantes tengan éxito en su reclamación de que la decisión de la secretaria Noem de poner fin a la designación del TPS de Haití es arbitraria y caprichosa”, ha señalado la jueza del distrito de Columbia Anna Reyes en la motivación que acompaña a la orden, un escrito en el que ha considerado “probable” el éxito de la alegación “de que la animadversión contra los negros y los haitianos motivó la decisión de la secretaria Noem de poner fin a la designación del TPS de Haití”.
En ese documento, de más de 80 páginas y en el que analiza las posiciones de ambas partes, la magistrada ha subrayado que Noem “no tiene los hechos de su parte, o al menos los ha ignorado” y “no tiene la ley de su parte, o al menos la ha ignorado”. “Al no tener ninguno de los dos (...) machaca (la red social) X”, ha indicado, en referencia a las constantes publicaciones de la responsable de Seguridad Nacional sobre los haitianos acogidos al TPS en Estados Unidos.
“Kristi Noem tiene el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de llamar a los inmigrantes asesinos, sanguijuelas, adictos a las prestaciones sociales y cualquier otro nombre inapropiado que desee. Sin embargo, la secretaria Noem está limitada tanto por nuestra Constitución como por la APA (la Ley de Procedimiento Administrativo) a aplicar fielmente los hechos a la ley al implementar el programa TPS. El expediente hasta la fecha muestra que aún no lo ha hecho”, ha añadido la jueza, antes de concluir que “el Tribunal concede la moción renovada de los demandantes para una suspensión” de la revocación del TPS.
Con esta decisión, la Justicia federal detiene de forma provisional la supresión de las protecciones asociadas a este programa, creado en 1990 y aplicado desde entonces a nacionales de distintos países. No obstante, la Administración Trump ha impulsado una estrategia para desmantelar estas coberturas y, hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional ha retirado el TPS a ciudadanos de hasta doce Estados.
Los más recientes en verse afectados han sido Haití y Venezuela, pese a que un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó el pasado viernes que Noem canceló de forma ilegal el TPS para ambos países. Sin embargo, esa resolución no modificó la situación de los beneficiarios debido a una orden del Tribunal Supremo —con mayoría de magistrados republicanos— que bloquea este tipo de suspensiones cuando proceden de tribunales inferiores y mientras el litigio sigue en curso.
El Departamento de Seguridad Nacional ha reaccionado con rapidez, y su subsecretaria, Tricia McLaughlin, ha calificado el pronunciamiento de la jueza de Columbia como “activismo ilegal” del que el departamento saldrá “victoriosa”.
La ‘número dos’ de Noem ha defendido que “el TPS de Haití se concedió tras un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años, nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.
“Temporal significa temporal y la última palabra no la tendrá un juez activista que legisla desde el estrado”, ha añadido en una publicación en redes sociales en la que ha apelado al Tribunal Supremo, donde la Administración Trump cuenta con una mayoría favorable que en numerosas ocasiones ha revertido decisiones de instancias inferiores contrarias a sus intereses.